Noticias de enero 2009
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| 12 de noviembre de 2009 | |
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CIDH considera un atropello a la libertad de expresión cierre de Radio La Voz
El director de Radio La Voz de Bagua, Carlos Flores, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., para exponer los reales motivos por los que la emisora fue clausurada.
Según Flores, luego de escuchar sus argumentos los integrantes de la CIDH señalaron que lo ocurrido con Radio La Voz constituye "un atropello a la libertad de expresión".
La licencia de Radio La Voz de Bagua fue cancelada en junio pasado tras cubrir las protestas de las comunidades selváticas, que dejó más de treinta muertos entre policías y nativos.
El medio recibió una resolución viceministerial que decretaba la cancelación de su licencia con argumentos legales relativos a la homologación de sus equipos. Antes de los hechos de violencia en Bagua (región Amazonas), la radio nunca había tenido problemas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aseguró el director del medio.
Flores comentó además que durante la audiencia en la CIDH, el viceministro de comunicaciones, Jorge Cuba, que también participó en la asamblea, le dijo que de todas maneras dicha emisora iba a ser clausurada, más allá de la participación de Radio La Voz en los sucesos de Bagua.
Además, solicitó a la CIDH que exhorte al gobierno peruano para que revise y deje sin efecto las resoluciones que clausuraron la emisora, y para que mejore el marco legal vigente sobre la radiodifusión para reducir la discrecionalidad de las autoridades.
Asimismo, al haberse agotado la vía administrativa, los abogados de la radio presentarán en los próximos días una demanda de amparo a la resolución viceministerial que ordenó el cierre.
Rechazan posible base militar
Río Blanco. Por pretender afianzar empresa minera. Propuesta de premier Velásquez Quesquén conllevaría a mayores conflictos, consideran autoridades de la zona.
Autoridades de la zona donde se ubica el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) rechazaron la pretensión del Ejecutivo de instalar una base militar en el lugar. Según consideraron, esto no solo acrecentaría las fricciones con la población o pondría en riesgo los acuerdos de paz -por ser zona de frontera-, sino que generaría mayores abusos de las fuerzas del orden.
"El propósito (de la base) sería garantizar la presencia de la empresa a través de la militarización de la zona, lo cual rechazamos. Solicitamos se reinicie una mesa de diálogo con todas las autoridades y se dé una solución alternativa", acotó Ismael Huayama, alcalde de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, Piura.
Deslindan toda responsabilidad
En esa línea, el burgomaestre deslindó cualquier responsabilidad de las autoridades y la población sobre el ataque al campamento minero, que en la madrugada del 1º de noviembre acabó con la vida de tres trabajadores.
"Exigimos una investigación seria y que se forme una comisión investigadora en el Congreso o en la Defensoría", declaró Huayama, quien estuvo acompañado de Alfonso Huayama, presidente del Comité de Rondas Campesinas de Huancabamba, y Servando Aponte, presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas.
Se debe reseñar que el propio premier, Javier Velásquez, señaló que con la instalación de una base militar se buscará garantizar la seguridad en la zona. Consultadas al respecto, fuentes del Ministerio de Defensa informaron que esto aún está en evaluación.
En otro momento, Ismael Huayama denunció que durante los interrogatorios que realiza la policía en Huancabamba, se incurre en una serie de maltratos contra la población.
El dato
Ataque. Las primeras hipótesis de las investigaciones hablan de un ataque del narcotráfico o de grupos antimineros. Ante esto, las autoridades negaron vinculación con esos grupos.
1,200 defensores ambientales afrontan procesos judiciales
Pena. unos 30 han sido condenados. El precio de las protestas contra la depredación de la Amazonía es una denuncia penal.
Unos 1,200 dirigentes indígenas están afrontando procesos judiciales por haber participado en movilizaciones o protestas contra la depredación de los recursos naturales de la Amazonía peruana. Incluso, más de uno tiene en su haber entre 15 y 20 procesos en curso ante el Poder Judicial.
Las cifras fueron reveladas ayer por el coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, quien agregó que hay un total de 30 dirigentes sentenciados. Por tal razón, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) exhortó al Congreso de la República que apruebe una ley que otorgue una amnistía a los dirigentes y ciudadanos de la selva cuya naturaleza es defender su tierra.
"No nos parece justo que por defender los recursos naturales del país tengamos que ser perseguidos, acosados y hasta asesinados", denunció Palacín.
Evento. Aidesep realizará este 11 de octubre una "Minga" nacional o, en otras palabras, un evento en defensa del planeta contra el cambio climático y contra las grandes industrias.
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| 22 de octubre de 2009 | |
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FIDH pide fin a persecución de líderes indígenas en Perú por sucesos de junio
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy en Lima que termine la persecución penal contra los líderes indígenas peruanos involucrados en los incidentes del pasado junio para "restablecer la confianza" entre éstos y las autoridades.
La FIDH presentó hoy en una rueda de prensa en la capital peruana un informe sobre los sucesos del 5 de junio en Bagua (norte del país), en el que murieron 33 personas (23 de ellas policías), más un oficial policial desaparecido, en enfrentamientos entre agentes e indígenas como consecuencia del desalojo de un bloqueo carretero.
En su informe, la ONG, que envió a una misión a Bagua y Lima para hacer su propia investigación, ha descartado, "por no poder recabar ningún testimonio fidedigno", que haya más personas desaparecidas, como se denunció en un primer momento.
No obstante, añade que "el clima de miedo" generado en la región hace posible que la gente no quiera presentar ese tipo de denuncias.
El documento de la FIDH fue presentado en Lima por su vicepresidenta, la colombiana Soraya Gutiérrez, y por Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), quienes subrayaron las "responsabilidades políticas" del Gobierno en aquellos hechos, por haber montado "un operativo policial mal planeado y mal ejecutado".
Respecto a la principal organización indígena amazónica, la Asociación Inerétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la FIDH consideró un error el hecho de "criminalizarla" en alusión a los 89 procesos judiciales abiertos contra sus líderes y miembros por los sucesos de Bagua.
Miguel Jugo destacó que las muertes de los policías deben ser castigadas, "pero las responsabilidades penales son individuales", mientras que en el caso de las muertes de los indígenas vio una "responsabilidad política" del Ejecutivo peruano.
Según Gutiérrez, el Gobierno tiene la obligación de "ofrecer a las víctimas reparaciones por acción u omisión antes incluso de que se complete el proceso judicial" como medida de confianza, y debe dar además "un carácter vinculante" a las actuales mesas de diálogo abiertas entre funcionarios, indios y otros miembros de la sociedad civil.
Los sucesos de Bagua dejaron, además de los 33 muertos y un desaparecido, 200 heridos y condujeron a la retirada por parte del Ejecutivo de una serie de decretos legislativos que los indígenas consideraban lesivos para sus intereses y que habían motivado todas las protestas en la zona, las más sangrientas de los últimos años.
http://www.adn.es/internacional/20091022/NWS-3075-FIDH-Peru-persecucion-indigenas-sucesos.html
CNDDHH denuncia impunidad para violadores de derechos humanos
Directivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunciaron una desmesurada complacencia y debilidad de la Sala Penal Nacional por deslindar de responsabilidad penal a altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones a los derechos humanos y que solo contribuyen a cimentar una cultura de impunidad en el país.
En conferencia de prensa, Ronald Gamarra Herrera, secretario ejecutivo de la CNDDHH lamentó que en los últimos años se hayan emitido sentencias desde la Sala Penal Nacional que favorecen a los violadores de derechos humanos y que se contraponen a los principios de respeto a la vida y dignidad de los seres humanos.
"Observamos un conjunto de decisiones y sentencias de la Sala Penal Nacional que favorecen la impunidad en nuestro país. De acuerdo a las estadísticas, sólo el 18% del personal militar y policial son encontrados responsables de los crímenes que se les acusa, obstaculizando así el acceso a la justicia para las víctimas", enfatizó.
En ese sentido, Gamarra Herrera adelantó que la CNDDHH realizará las gestiones correspondientes a nivel nacional e internacional para que el Estado Peruano a través del Poder Judicial resuelva lo que corresponda en justicia en los casos de violaciones a derechos humanos denunciados y donde se ha comprobado responsabilidad penal por parte de los altos mandos militares.
EMPLAZAMIENTO AL PJ
"Queremos hacer un emplazamiento a Javier Villa Stein a que asuma su responsabilidad y que determine si es política del Poder Judicial generar impunidad. Él es quien dirige la política de este poder del Estado y como presidente, tiene un nivel de responsabilidad, más aun cuando el año pasado calificó estos casos como crímenes de lesa humanidad", anunció Carlos Rivera, jefe del área Legal del IDL.
En los últimos tres años, la Sala Penal Nacional, presidida por Pablo Talavera, ha emitido 15 sentencias que han absuelto a 35 militares y 17 policías implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. "Existe ahora una tendencia de la Sala en exigir documentos oficiales y pruebas directas para la demostración de los hechos, es decir, órdenes escritas de los asesinatos y desapariciones forzadas", manifestó Rivera, quien añadió que hasta la fecha, la SNP no se pronuncia ante la negativa del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las FFAA a entregar información oficial sobre los militares implicados.
Se señaló además, que otra de las tendencias de la sala ha sido la de no calificar los casos como crimen de lesa humanidad (admitidos el año pasado por Villa Stein). La calificación como crimen de lesa humanidad, significaría aceptar que el crimen fue parte de un patrón sistemático cometido por jefes superiores.
RESPONDIENDO A REY
En torno a las recientes declaraciones del Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey quien argumentó que los asesinatos perpetrados por militares no podían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, Gamarra Herrera detalló que según la jurisprudencia internacional, los asesinatos y desapariciones forzadas que se realizan en un contexto de generalidad y sistematicidad como el que vivió nuestro país son catalogados como crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, Gamarra Herrera precisó que existe una relación directa entre el fujimorismo y algunas autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellas Rafael Rey, por orquestar una campaña a favor de la impunidad y contra los organismos de derechos humanos y que se ve reflejada en las sentencias emitidas por la Sala Penal Nacional.
Del mismo modo, el secretario ejecutivo de la CNDDHH descartó una cacería de brujas contra miembros de las Fuerzas Armadas. "El número de procesos iniciados contra los militares es ínfimo en comparación con las atrocidades que se cometieron durante el combate contra el terrorismo", finalizó.
Presos por terrorismo son trasladados de prisión
Dura ley. Se cierran talleres. Los reclusos de Castro Castro ya no realizarán ningún trabajo mientras cumplan condena.
El INPE trasladó a distintos penales de provincias y de Piedras Gordas a los reclusos por terrorismo que cumplían sus condenas en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro.
Además se cerraron los talleres de trabajo donde los reclusos realizaban distintas labores manuales para acogerse a beneficios penitenciarios. Los familiares de los presos se quejaron que al cerrarse los talleres les quitaron todo el material de trabajo y destruyeron sus obras en madera y cuero.
El INPE procedió con esta medida en cumplimiento de la nueva norma que anula los beneficios penitenciarios para los reclusos por terrorismo.
Al no haber beneficios penitenciarios ya no tienen por qué realizar algún trabajo productivo en prisión, sino que permanecerán sin hacer nada durante todos los años que pasen en prisión.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, indicó que se está poniendo orden en los penales, porque los reclusos por terrorismo gozaban de demasiadas gollerías.
Se les ha traslado, dijo, a penales que cumplen con mejores medidas de seguridad para evitar que tengan contacto con el exterior.
El primer vicepresidente de Perú, acusado de irregularidades en compra de armas
Según la fiscalía, Luis Giampietri favoreció a empresas vinculadas al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos
Una fiscal anticorrupción de Perú ha denunciado al vicepresidente primero del país, Luis Giampietri, por supuesta actuación ilícita en diversas compras millonarias de armamento y equipos para la Marina de Guerra entre 1995 y 1997, han confirmado hoy fuentes judiciales.
Del procedimiento ha informado hoy el diario peruano La República. Fuentes de la fiscalía precisaron a Efe que la denuncia contra Giampietri ingresó en el Poder Judicial el pasado 21 de octubre.
Según la denuncia, Giampietri favoreció en la compra de armamento a proveedores de empresas vinculadas al actualmente encarcelado Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor del entonces presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y artífice de la mayor red de corrupción gubernamental de la historia contemporánea del país.
La fiscal Marlene Berrú ha acusado a Giampietri ante los jueces penales especiales de Lima por delitos de colusión (pacto ilícito en daño de tercero) desleal y asociación ilícita para delinquir, indicó La República.
Junto a Giampietri han sido acusados 39 altos mandos y oficiales de la Marina, además de una civil, que formaron parte de las juntas, comités y subcomités encargados de las compras.
Las autoridades investigaron 46 contratos suscritos por la Marina entre 1995 y 1998 por un valor de unos 46 millones de dólares, y en 14 de ellos se hallaron irregularidades en las adjudicaciones dirigidas por Giampietri, quien ejercía entonces de jefe del Estado Mayor de la Marina.
La denuncia de la fiscalía divulgada en el citado diario indica que los denunciados "habrían favorecido a un grupo determinado de empresas con la finalidad de procurarse comisiones que eran otorgadas por las empresas beneficiadas".
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