| Derechos Humanos - Perú |
| Estocolmo - Suecia | Octubre 2002 |
Legislación Antiterrorista
Apesar de algunas modificaciones realizadas a la legislación antiterrorista como han sido la eliminación de los juicios en ausencia, permitir que los abogados defiendan a más de un procesado, la elevación de la edad para efectos de la imputabilidad y la restitución del derecho a presentar acciones de garantia; se mantienen normas que son abiertas violaciones a los derechos fundamentales de los acusados y sentenciados por este delito; situación que es reconocida por el propio estado al mantener la Comisión de Indultos como una forma de reparar los errores e injusticias cometidas en el procesamiento de miles de ciudadanos.
Por otro lado el Tribunal Constitucional ha venido emitiendo sentencias en las cuales se reconoce la inconstitucionalidad de la normas que regulaban el juzgamiento de los acusados por terrorismo y traición a la patria y la ilegalidad del funcionamiento de los tribunales militares que se avocaba a juzgar a civiles.
Otro aspecto atentatorio al debido proceso es el relacionado con la existencia de una sola Sala Corporativa Nacional para los casos de terrorismo, con sede en Lima y cuya competencia se extiende a todo el país, lo que constituye un atentado al principio de la celeridad procesal; más aún cuando estos acusados no tienen derechos como la libertad por exceso de detención ni los beneficios penitenciarios.
La problemática derivada de la legislación antiterrorista es y será un elemento de conflicto y polémica en la sociedad peruana y se constituirá en uno de los parámetros para medir la vigencia de un real estado de derecho. En el fondo está el respeto o no de principios jurídicos básicos como la jerarquía de las normas, la no retroactividad de las mismas, la proporcionalidad de las penas, el debido proceso, etc.
La violación de los derechos fundamentales especialmente ha efectado a todos los procesados y juzgados después del golpe cívico militar de Fujimori en abril del 92. En esta situación se encuentran comprendidos los principales dirigentes de las organizaciones subversivas y muchos de los acusados de pertenecer a las mismas. Organizaciones internacionales como El Comité derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Justicia,etc; ya han expresado su opinión en el sentido de la necesidad de nuevos juicios.
Un caso significativo es el juicio a la ciudadana norteamericana Lori Berenson, en el que la justicia civil peruana, utilizando las mismas leyes de la dictadura, la ha condenado a similar pena que el tribunal militar que la juzgó inicialmente. La defensa a interpuesto demanda ante la Corte Interamericana de Justicia por violación de los derechos de su defendida y cuestionando todo el proceso judicial.
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La Lucha Contra la Corrupción
Los resultados de esta campaña son los siguientes: 1305 personas están siendo investigadas, de las cuales 117 personas estan detenidas, entre las que se encuentran un fiscal de la nacion, un vocal supremo, tres exministros, 15 generales. Se ha logrado repatriar 33.6 millones de dolares.
El siguiente es un resumen por sector de los principales casos de corrupción conocidos por la opinión pública através de los "vladivideos" en el año 2001.
TV y prensa
Panamericana Televisión: el dueño de este canal Genaro Delgado Parker concertó con Montesinos la clausura del programa de Hildebrant a cambio de obtener resultados favorables en los múltiples juicios que tenía pendiente. A la propuesta de cierre difinitivo del programa del periodista, por parte de Montesinos, Delgado Parker solicita 750000 us, con el fín de evitar problemas legales.
Tambien se ve a Ernesto Schutz, presidente del directorio de Panamerica, acordando pagos mensuales con Montesinos a cambio del apoyo al régimen.
Frecuencia Latina: los hermanos Winter también fueron vistos concertando con Montesinos.
América TV y sus directivos (los hermanos Crousillat) recibieron 619 mil us de Montesinos para "trabajar juntos" por la reelección de Fujimori.
Al director del diario Expreso Calmet del Solar se le vió recibir de parte de Montesinos, una maleta conteniendo 2 millones de dólares destinados a apropiarse del canal 13 de tv y ponerlo a disposición del régimen y su perpetuación.
Se encontraron pruebas de la participación de los empresarios Bresani (padre e hijo) en la red de corrupción através de administrar un fondo de 100,000 us semanales para financiar los diarios "chichas": "El mañanero", "la chuchi", "el tio", "la yuca", "el chino" y "el men".
Poder Judicial y Ministerio Público
15 magistrados de las máximas instancias del Poder Judicial han sido relacionados con la red de corrrupción de la mafia fujimontesinista; entre los cuales tenemos al Presidente de la Corte Suprema Mario Urello, cuatro vocales supremos: Montes de Oca, Castillo, Serpa Segura y Jaime Beltrán; y en la Corte Superior tenemos a un expresidente: Pedro Infantes, a los vocales Sixto Muñoz y Percy Escobar y al vocal Rodriguez Medrano, sindicado como el nexo entre la mafia y el Poder Judicial.
Entre los fiscales supremos implicados en la corrupción estan Blanca Nélida Colan, Miguel Aljovín, Reyes Rios y Pesantes.
Contraloría General de la República: su presidenta Carmen Higaonna.
Iglesia: Cardenal del Opus Dei Cipriani.
Militares: Generales: Hermosa Rios "el patético general victorioso" ; Villanueva Tuesta , Saucedo, Malca, etc. Coroneles: Miguel Gomez, Aivar marca. Almirante. Antonio Ibárcena, General de la FAP: Miguel Medina.
Alcaldes: Miraflores: Luis Bedoya, Callao: Alex Kouri.
Congresistas: Mantilla del APRA, Alberto Kouri, Joi Way, Carmen Lozada, Luz Salgado, Jorge Polak, Waldo Rios, Rubí Rodriguez, Luis y Roger Cáceres, Eduardo Farah, Guido Pennano, martha Chavez, Absalón Vasquez, José Elías.
Ex ministros: Jorge Camet, Carlos Boloña, Pandolfi, Quispe Correa.
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Presencia del Accionar Subversivo:
Focalizado en la zona comprendida entre el Alto Huallaga, Ayacucho y la Selva Central, realizada por pequeños grupos pertenecientes a Sendero Luminoso. Se les atribuye 25 asesinatos hasta agosto del 2001. El estado ha reactivado 25 bases contrasubversivas y 88 comiserías que implican 1500 efectivos.
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Comentarios Finales:
La problemática de los ddhh en el Perú, si bien no constituye una exigencia diaria y perentoria de la sociedad, dedicada en su gran mayoría a enfrentar cotidianamente la lucha por la superviviencia; es una tarea pendiente.
Los avances hasta ahora realizados después de huída de Fujimori: la Comisión de la Verdad, el retorno a la juridicción de la Corte Interamericana, entre otros; si bien van en el sentido correcto, todavía no se perciben como un compromiso real de los principales actores sociales: partidos, dirigentes, intituciones, etc.
Al contrario, el tratamiento a esta problemática cada vez que surge un hecho que la pone al orden del día, continua siendo objeto de una descarada manipulación por parte de sectores políticos y medios de prensa; en base a los miedos irrracionales que han logrado introducir en sectores de la sociedad peruana.
Ejemplos de esto, lo encontramos en propio documento que ha servido de base para elaborar este informe en el que se puede vislumbrar en general el no tener una posición activa y explícita sobre la exigencia de modificar las leyes violatorias de los ddhh y juzgar nuevamente a todos las personas cuyos básicos derechos han sido conculcados; tampoco se asume como parte del marco jurídico adecuado para juzgar a los actores de la violencia, el Derecho Internacional Humanitario.
En concreto constatamos que en la mayor cantidad de casos de fosas comunes (ejecuciones y masacres), el documento no señala a los responsables (aún teniendo la información de los testigos o denunciantes, que indican a las fuerzas del estado como los autores).
Otro elemento en el mismo sentido es el tratamiento que se le da al caso de la ciudadana Lori Berenson y los sucesos de la embajada japonesa(ubicandolos en el acápite como "Actividad de los grupos terroristas") y no lo que realmente son es decir casos violatorios de los derechos humanos de estas personas.
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ANEXOS
Comité por los Derechos Humanos en el Perú
Nuestra opinión sobre "LA COMISION DE LA VERDAD"
El Gobierno de Transición en Perú ha constituído la denominada "Comisión de la Verdad" y acaba de nombrar a sus integrantes. Los objetivos de esta Comisión son "esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a algunos agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos".
Otros aspectos importantes en nuestra opinión son que el trabajo de la Comisión incluirá "el análisis de las condiciones políticas sociales y culturales, así como los comportamientos desde la sociedad y el Estado que contribuyeron a la trágica situación de violencia" y "procurará determinar el paradero y situación de las víctimas e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades."
Establece 5 tipos de delitos en los que enfocará su trabajo: asesinatos y secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves, violación de los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país y otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.
Por último se reconoce que la Comisión no reemplazará las funciones del Poder Judicial y el Ministerio Público.
El Comité de Derechos Humanos Perú en Suecia considera que su creación es un paso positivo en el camino para comprender el proceso de violencia política vivida en nuestro país en estos años. Es importante resaltar que su trabajo cubrirá el período de los 20 años y no sólo el decenio fujimorista , como lo querían sectores políticos interesados.
Es necesario así mismo señalar la concepción que está detras de la Comisión para preveer sus limitaciones: el primer lugar la reducción al calificativo de "terrorista" al levantamiento armado de un grupo de peruanos sin reconocer la esencia política de este comportamiento (hecho que evidentemente no niega que las organizaciones subversivas hallan practicado el terrorismo en este proceso) y por otro lado atribuir sólo a algunos agentes del Estado un comportamiento violatorio de los derechos humanos y no reconocer que hubo una estrategia "antiterrorista" integral violatoria de los derechos humanos por parte del Estado. (leyes, procedimientos, juicios sumarios, militarización, impunidad, etc).
Esta concepción del proceso de violencia política vivida en el Perú, impedirá la utilización del marco jurídico internacional aplicable a estas situaciones "El Derecho Internacional Humanitario". Ya que por ejemplo no es ni legal ni éticamente lo mismo, las víctimas originadas en un enfrentamiento armado de dos contendientes, con la masacre a indefensos campesinos o el asesinato de un dirigente popular. Por eso es necesario que se especifique como delito a investigar las masacres y las violaciones a las mujeres (delitos típicos de las fuerzas militares). Así mismo esta concepción limitará la capacidad de la sociedad para avanzar en un proceso de pacificación efectiva ya que éste requiere de la voluntad de las partes y no sólo la respuesta represiva y punitiva.
Por otra parte esta concepción soslaya el papel importante de "soporte" a la estrategia antiterrorista integral cumplido por importantes instituciones y sectores de la sociedad como la iglesia (en la persona del Cardenal Cipriani), el silencio de las organizaciones defensoras de los DDHH, etc. así como también el papel cumplido por el poder económico y político internacional.
Por último la aceptación práctica de la estrategia del Estado para combatir la subversión, ha conducido al conjunto de la sociedad a una cultura del miedo y la delación y a un estado políciaco-represivo, mafioso, corruptor, y anulador de todas las conquistas sociales de los trabajadores y el pueblo como es el Perú que heredamos del fujimorismo.
Apesar de esto, nuestro Comité considera que el trabajo y los resultados de esta Comisión de la Verdad son una oportunidad para los peruanos de enfrentar los problemas de violación de los derechos humanos e iniciar un proceso de pacificación que evalue y juzgue el papel cumplido por cada quien y establezca las medidas de justicia y reparación necesarias.
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PROPUESTAS Del Comité de DDHH - PERU en Suecia a la labor de la COMISION DE LA VERDAD
Consideración Previa:
La constitución de la Comisión de la Verdad es una oportunidad importante para comprender el proceso de violencia política vivido en nuestra patria durante los últimos 20 años; encarar la problemática de la violación de los DDHH generada en el mismo e iniciar un proceso de real pacificación y reconciliación nacional.
Primeras Valoraciones:
El Comité considera que serán obstáculos (o situaciones negativas) para el cumplimiento de estos objetivos de interés de todo el país los siguientes:
- La concepción del problema de la violencia política y la violación de los DDHH, expuesta y resumida en el dispositivo legal que dió origen a la Comisión.
- La composición de los integrantes de la Comisión, caracterizada por representar en conjunto la misma visión del proceso a analizar. Lo que no supone una descalificación ética "a priori" de los mismos, ni la ausencia de valoraciones parciales distintas en el seno de la misma.
- La ausencia en la actual situación económica- social y política del Perú, de actores sociales o institucionales que contribuyan a equilibrar esta visión única.
- La permanencia de resagos del accionar subversivo es un pretexto para no avanzar en el proceso de pacificación y reconciliación.
- El marco politico internacional actual signado por los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos.
- Las limitaciones materiales y de tiempo que enfrentará la Comisión para encarar tan inmensa tarea.
Propuestas Concretas al trabajo de la Comisión:
- Que La Comisión se constituya en un canal permanente y efectivo en la solución de los problemas de violación de los ddhh, canalizando sus propuestas y recomendaciones a los organismos respectivos del estado; sin necesidad de tener concluído su trabajo.
En este sentido y por la vigencia de la problemática de los presos políticos (actualmente en huelga de hambre masiva), ésta debería ser materia de especial consideración por parte de la Comisión.
-Establecer canales de diálogo y comunicación con los representantes de los contendientes: presos, familiares, militares, etc.
-Entendiendo que la Comisión definirá "casos representativos y significativos" para ejemplificar y profundizar sus investigaciones en determinada problemática de las violaciones de los DDHH; El Comité les propone asumir el caso de la ocupación y posterior retoma militar de la Embajada japonesa en Lima entre diciembre del 96- abril del 97 por las siguientes razones:
Se cuenta con testigos directos de los hechos, con pruebas científicas de las violaciones y el reconocimiento público de su responsabilidad en el diseño, programación y ejecución de los hechos, por parte del máximo representante del gobierno de ese entonces.
Además por el impacto internacional que tuvieron los hechos y por la cercanía en el tiempo de los mismos, asumirlo será una contribución del Perú en la lucha contra la impunidad y en la defensa de auténticos principios de la democracia y del Estado de Derecho.
Estocolmo, febrero del 2002
Comité por los DDHH en Perú
Suecia
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NUESTRA PLATAFORMA DE REINVIDICACIONES FRENTE A LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS DDHH EN PERÚ
-Libertad para todos los presos inocentes y reparación moral y económica.
-Juicio y sentencia a los responsables directos e indirectos de las violaciones de los DDHH y la corrupción en todos estos años. Derogación de la ley de impunidad.
-Modificar las leyes antiterroristas y las leyes sobre el tratamiento penitenciario, adecuándolas a las normas internacionales y a las condiciones que vive el Perú.
-Nuevos juicios a todos los sentenciados con los cuales no se cumplió el principio del "debido proceso": tribunales militares, jueces sin rostro, juicios sumarios, sin derecho a defensa, etc.
-Cierre de las carceles de exterminio: Base Naval, Yanamayo, Challapalpa.
-Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Costa Rica.
-Reparación moral y material por parte del Estado a las víctimas de las violaciones.
-Solución al problema de los requisitoriados y de los ciudadanos con orden internacional de extradición.
Estocolmo, febrero del 2002
Comite DDHH-Perú
Coordinadora de Asociaciones de Peruanos en el Exterior
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