| Derechos Humanos - Perú |
| Estocolmo - Suecia | Octubre 2002 |
Presentación
El presente informe se basa en el "Informe Anual de DDHH" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, publicado a mediados del 2002.
Los hechos político-institucionales más resaltantes e influyentes sobre la problemática de los derechos humanos, en el periodo estudiado han sido: el cambio de gobierno; la creación de la Comisión de la Verdad y la vuelta del Perú a la juridicción de la Corte Interamericana de Costa Rica. Sin embargo, el impulso positivo inicial favorable a los ddhh asumido por el gobierno de transición, lamentablemente no ha sido continuado por el gobierno de Toledo.
En este sentido, algunos avances, producto de las nuevas condiciones políticas posteriores a la dictadura cívico-militar de Fujimori, han sido la ubicación de una serie de fosas comunes, como un hecho tendente a esclarecer lo sucedido en los años de conflicto en relación a los miles de peruanos desaparecidos; el reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en 165 casos presentados por ciudadanos peruanos ante la Corte Interamericana de Costa Rica; la extensión por parte de la misma Corte, de la nulidad de la ley de amnistia y la declaratoria de nulidad de algunos juicios por parte del Tribunal Constitucional; sin embargo situaciones como la legislación antiterrorista, la no derogatoria de la ley de impunidad, la no tipificación del delito de "ejecución extrajudicial"; la no ratificación de la convención internacional sobre la "imprescriptibilidad" de los crímenes de lesa humanidad, la situación de las carceles, los presos inocentes, los juicios violatorios del debido proceso y violaciones específicas han continuado sin mejoras efectivas.
Otro hecho importante que ha marcado todo el proceso político de este período ha sido la publicación y sus secuelas judiciales de los documentos fílmicos capturados a Montesinos y su mafia, que han mostrado y comprometido en las redes de corrupción a innumerables personajes de la política, la empresa, los militares, los medios de comunicación, la iglesia, etc.
Un desarrollo más detallado de estos tópicos se exponen a continuación.
Los editores
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Sobre el Cambio de Gobierno
En julio concluyó el denominado "gobierno de transición" y asumió el gobierno el Partido Perú Posible con Alejandro Toledo como presidente. En el Parlamento están representadas diversas fuerzas políticas sin tener ninguna de estas fuerzas una mayoría propia; por lo que se han establecido alianzas, especialmente entre el partido del gobierno y el FIM de Olivera. El APRA se constituye en el partido de oposición y potencial carta de recambio.
Se dieron cambios en el Poder Judicial y el Ministerio Público destinados a desterrar a los principales complices de la corrupción en estas instituciones.
En el primer equipo ministerial se perciben dos bloques el de los funcionarios ligados a la banca internacional y empresarios en los ministerios de economía y la producción (industrias, pesquería, minas,etc) y algunos profesionales de procedencia progresista en los ministerios "sociales"(trabajo, educación, salud, etc).
El plan de gobierno de Toledo es en términos económicos la continuación del programa neoliberal de la dictadura.
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Retorno a la juridicción de la Corte Interamericana de DDHH
El 11 de enero del 2001 el Congreso de la República decidió el retorno del Perú a la juridicción de la Corte de Costa Rica. Con esta decisión se restituyó a los ciudadanos peruanos y residentes el derecho de acudir a una instancia superior supranacional cuando consideran que sus derechos no son debidamente cautelados por la justicia nacional.
El gobierno reconoció la responsabilidad del Estado en una serie de casos de violación de los ddhh perpetrados en la década de los 90. Así mismo el gobierno por intermedio del ministro de justicia Garcia Sayan, presentó una propuesta de solución de 165 casos que se encuentran bajo la competencia de la Corte Interamericana.
También el gobierno acató la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que declara nulos los efectos jurídico de la Ley de Amnistia para los perpetradores de la masacre de Barrios Altos. Posteriormente la Corte de Costa Rica emite resolución aclaratoria señalando que la nulidad es extensiva a otros casos, lo que ha permitido reabrir el caso de Barrios Altos y la Cantuta.
Sin embargo el fuero militar no muestra rectificación o variación en los juzgamientos indebidos a los autores de violaciones a los derechos humanos ni de los fallos emitidos en esos casos.
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Comisión de la Verdad
Fue creada el 4 de junio del 2001, conformada por algunas personalidades provenientes del ambiente cultural (un rector, intelectuales, sacerdotes, etc). Tiene el objetivo de investigar las origenes y causas del proceso de violencia política ocurrida en nuestra patria, así como investigar las violaciones de los ddhh cometidas tanto por el estado como por las organizaciones insurgentes desde 1980 hasta el 2000. Tiene un plazo de 18 meses (prorrogables a 23 meses) para sus labores.
Buscará identificar responsables de las violaciones y resarcir a las víctimas de las mismas.
Posteriormente se amplio su denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación y se incorporó a nuevas personas.
Nuestro Comité publicó su opinión al respecto de la creación de esta Comisión y alcanzó sus propuestas en la visita que hicieron algunos de los integrantes de la Comisión de la Verdad a Suecia en febrero del 2002. Adjuntamos estos documentos al final de este informe.
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PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS
Ejecuciones Extrajudiciales
Durante el año 2001, se han encontrado en diversas partes del país, una serie de fosas con restos de numerosas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Se estima en 6 mil el número de desaparecidos en los 20 años de violencia política. La mayor parte vivía en Ayacucho y Huancavelica. Es de esperar que en estos lugares se encuentren la mayor cantidad de fosas colectivas.
En Ayacucho estan ubicadas las 12 fosas descubiertas en Totos, las 3 fosas de Ayahuanco, las de Hualla, Yanamilla, Roqroqa, Puente Pampa Cruz, Ccochapampa, Viozcachayoc, Ocros, Cuschi, Pagtapampa, Vinchos, Huanrcatan y Huancasancos.
En Huancavelica se encuentran las fosas de Churcapampa,Castrovirreyna, Acobamba,Tayacaja.
Como un paso positivo para juzgar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales , el Congreso aprobó unánimente acusar a Fujimori por los delitos de asesinato, desaparición forzada, y lesiones graves cometidos por el grupo "Colina"en agravio de los estudiantes de la Cantuta y 16 personas en la masacre de Barrios Altos.
Una descripción más específica sobre esta fundamental problemática de los ddhh incluye información sobre las víctimas, los posibles responsables, las circunstancias del hecho y el estado actual de la investigación.
La inmensa mayoría de víctimas son campesinos y campesinas de las zonas más pobres de nuestro país y los victimarios las denominadas fuerzas del orden y los paramilitares organizados en las rondas campesinas.
1.- Fosa de Carhuaín -Huaraz-Ancash
Un grupo de pastores halló 25 cadávares atados con sogas y también casquillos de bala en la comunidad campesina de Cahuaín, distrito de Marcará. Según los pastores, los restos humanos corresponderían a personas desaparecidas en 1995, quienes fueron trasladados en una camioneta para ser posteriormente ejecutados. Se desconoce la autoría de los hechos.
2.-Fosa de Capaya-Apurimac
El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) determinó la existencia de por lo menos 5 fosas en los terrenos de la comunidad campesina de Capaya. Pobladores del lugar sostuvieron que se trata de restos de sus familiares que fueron detenidos y desaparecidos entre los años 87-89 por las fuerzas militares que luchaban contra Sendero Luminoso, que actuaba en esa zona.
3.- Fosa de Totos -Ayacucho
El periodista Magno Sosa y el abogado Heriberto Benitez denunciaron ante la Fiscalía de la Nación, la existencia de 3 fosas comunes en el distrito de Ayahuanco, Huanta. Los restos pertenecen a 62 personas asesinadas entre 1989-90.
4.- Fosa de Huancasancos-Ayacucho
En una montaña del valle de Huancasancos, en Ayacucho se halló cinco cuevas con restos óseos de por lo menos cien personas. Estos presentaban orificios de bala mezclados con restos de ropa y sogas. Se presume que estas muertes podrían haberse dado en los primeros años de los 80.
5.- Fosa de Hualla, Victor Fajardo-Ayacucho
La Defensoria del Pueblo y la Fiscalia Provincial Mixta de Victor Fajardo descubrieron evidencia que mostraban que patrullas del ejército trasladaban un gran número de cadávares, desde Cayara hasta alejados parajes de Hualla, con la intención de desaparecer las huellas del delito. Los campesinos del lugar relataron la existencia de 8 fosas comunes ubicadas en los anexos de Ispaccpuquio y Llulluchupata. Además relataron como entre los añols 87-88 llegaban comvoys militares trasladando cadávares de campesinos detenidos y asesinados en Cayara.
6.- Fosas de Castrovirreyna y Acobamba-Huancavelica
El periodista José Ordeñes descubrió dos fosas en las provincias mencionadas. La de Castrovirreyna con los restos de por lo menos 15 personas que fueron dinamitadas para borrar las huellas de la matanza y la de Acobamba con los restos de 5 personas asesinadas con bayoneta.
7.- Fosas de Pampas, Tayacaja-Huancavelica
En estas fosas se encontraron los restos de 17 personas. Inicialmente la fiscalia y oficiales técnicos de la polícia informaron a la opinión pública que se trataba de restos de camélidos, pero tuvieron que rectificarse. La fiscalía, por recomendación de la defensoría del pueblo, ha ordenado una nueva investigación.
8.- Fosa de Alhuancaya-Junin
Los restos de una mujer embarazada y los cadáveres de 4 niños ejecutados, fueron hallados en la zona de Andamarca. Presumiblemente se trataría de una madre y sus hijos cuya desaparición fue reportada por un familiar a la defensoría del pueblo, que señaló a los miembros de las Rondas Campesinas como los autores del hecho ocurrido en 1990.
9.- Fosa de Ocros-Ayacucho
La Fiscalía Provincial de Ayacucho confirmó el descubrimiento de 6 fosas comunes con restos humanos en el distrito de Ocros, al sur de Huamanga. Dos fosas clandestinas fueron ubicadas en el cementerio, una en la base militar y las otras tres en un paraje denominado Uchuhuilla.
10.- Fosas de Churcampa-Huancavelica
Un grupo de campesinos de la zona ubicó una fosa en la que había restos humanos de por lo menos 8 campesinos secuentrados por efectivos militares en la década de los 80. En esta fosa se presenta el problema que los campesinos, cansados de hacer la denuncia y no encontrar respuesta, abrieron las fosas sin presencia del fiscal u otra autoridad, por lo que se carece de legitimidad para ser considerados como prueba.
11.- Fosa Panjui-San Martín
Fosa ubicada en el caserio de Panjui, Tabalosos-lamas con los restos de 10 personas. La Defensoría del Pueblo y el EPAF recogieron los testimonios de los familiares de desaparecidos.
12.- Fosas Vinchos-Ayacucho
Fosas ubicadas por la denuncia de un familiar ante la Defensoría . Se encontraron dos fosas individuales y una colectiva de 11 personas.
13.- Fosa Huancatan-Ayacucho
Ubicada en el distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta. Se sabe que existen tres fosas: una con 30 personas y dos con tres cadáveres cada una.
14.- Fosa Yanamilla-Ayacucho
Ubicada cerca del carcel del mismo nombre y del cuartel de Ayacucho. Se tuvo conocimiento de la misma por la denuncia del diario Liberación. Enesta fosa se encontrarían aproximadamente 10 cadávares.
15.- Fosa Chillcamayo-Junín
Ubicada en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, Provincia de Concepción. Por denuncia de los comuneros ante la Defensoría del Pueblo quienes señalaron la identidad de los cadávares exhumanos.
16.- Fosa Antacucho-Junín
Ubicada en el distrito de Andamarca, provincia de Concepción. Un familiar de un desaparecido hizo la denuncia de la existencia de esta fosa. Se presume que fueron victimados por las rondas campesinas, en marzo del 1990. En la fosa se encontraron los restos de 6 cadávares.
17.- Fosa Shicuy-Junín
Ubicada en la iglesia del anexo de Shicuy, distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca. Un familiar de un desaparecido hizo la denuncia de la existencia de esta fosa. Por investigaciones previas se supo que las personas fueron victimadas en el paraje de Ccatunhuasi, en 1990.
18.- Fosa Chusqui-Ayacucho
Ubicada en el distrito de Chusqui, provincia de Cangallo. Se conoció su existencia por denuncia de familiares de los desaparecidos. En ella se encontrarían los cadáveres de 6 personas de un total de 8 ejecutadas.
18.- Fosa Puente Pampa Cruz-Ayacucho
Ubicada en distrito de Cangallo. Se conoció su existencia por denuncia del presidente del Frente de Defensa de Cangallo. En esta fosa se encontrarían los restos de un número indeterminado de personas.
19.- Fosa Roqroqa-Ayacucho
Ubicada en el distrito de Chusqui por denuncia de un familiar. Se trata de una fosa individual.
20.- Fosa Ccochapampa-Ayacucho
Se encuentra ubicada en la comunida de katalinayoc, distrito de Chusqui. Un familiar hizo la denuncia de la existencia de esta fosa. Se encontraron dos cadáveres, cuyos presuntos victimarios serían subversivos.
21.- Fosa Viscachayocc-Ayacucho
Ubicada en el anexo de Cotarara, distrito de Chusqui. Un familiar hizo la denuncia respectiva. Se atribuye a Sendero Luminoso esta muerte.
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Homicidio Calificado
A partir del testimonio del que fuera secretario de la embajada japonesa en Perú, Sr. Hidetaka Ogura que afirma haber visto capturados con vida a varios de los integrantes del MRTA, una vez terminada la toma de la embajada por las fuerzas militares en abril de 1997; se deduce la perpetuación de un delito de homicidio calificado en contra de estas personas.
El APRODEH formuló denuncia contra Fujimori (que publicamente asumió la responsabilidad del diseño y ejecución de esta operación militar), contra Montesinos, Hermosa Rios y Salazar Monroe y demás que resulten responsables.
La exhumación de los restos de los 14 integrantes del MRTA y los examenes a los que han sido sometidos los cuerpos, corroboran la versión del diplomático Ogura sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
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Presos Inocentes:
Durante el 2001 se indultaron a 178 personas acusadas injustamente de terrorismo. (122 en los meses de enero-julio durante el gobierno de transición y 56 personas entre agosto y diciembre durante los primeros meses del gobierno de Toledo).
Existen aún por revisar 1600 expedientes de presos acusados arbitrariamente de terrorismo. Sin embargo limitaciones económicas por la que atraviesa la Comisión de Indultos, no han permitido revisar estos casos.
Especial mención merece el caso de presos por terrorismo de la carcel de Huarcariz en Cajamarca, en el que la Comisión Diocesana de Pastoral Social elevó a la Comisión de Indultos 53 expedientes de internos solicitando su indulto, 2 de derecho de gracia, 13 de comnutación de pena y 4 sobre revisión de sentencias; sin que hallan avanzado estas gestiones por las limitaciones señaladas; por lo que se colige que existen muchos presos inocentes sentenciados desde penas de 10 años a cadena perpetua, con pruebas delesnables o sólo la acusación de arrepentidos a quienes nunca se les confrontó.
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Requisitoriados:
Así mismo, las condiciones violatorias de los ddhh que existieron durante el gobierno de Fujimori y generaron la problemática de los presos inocentes; también ha generado la problemática de los requisitoriados, por la que miles de ciudadanos viven con la amenaza permanente de ser detenidos.
Sólo en distrito judicial de Lima en el primer semestre del 2001, había 13907 personas requisitoriadas.
Para mejorar la situación de estos ciudadanos se dió la ley No 27486 "que regula la situacion de los requisitoriados por delito de terrorismo". Mediante esta ley el juez puede modificar el mandato de detención por el de comparencia y tiene que elevar la resolución a consulta a la Sala Superior. Esta ley pensada para beneficiar a los miles decampesinos que están en esta situación no esta cumpliendo con sus objetivos y son sólo unas decenas de personas las que se han acogido a la misma.
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Desplazados
Entre los años 80 y 93 hubo un desplazamiento de cerca de 600,000 personas desde las zonas de conflicto armado. Se afectaron y destruyeron 435 comunidades, especialmente en Ayacucho.
En el periodo de Fujimori, el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) , sólo sirvió como un programa de propaganda política de Fujimori. Se estima que la mitad de los desplazados han retornado a sus lugares de origen y sólo unos 20900 han recibido ayuda del gobierno anterior.
Se cree que ha Lima llegaron entre 150000 y 200000 desplazados que en su mayoría se ubicaron en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Huachipa, Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Puente Piedra y San Juan de Miraglores. El 70% de los desplazados fueron campesinos, el 20% provenian de zonas urbanos marginales y 10% de los sectores medios y altos.
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Situación Carcelaria:
La población penitenciaria en el Perú asciende a 26502 internos, de los cuales la mayoria, 16558 sólo están procesados, es decir no tienen condena.
Las 82 carceles existentes (de las cuales el 27.5% se encuentra en buenas condiciones) tiene capacidad para albergar a sólo 19990 internos.
Existen 2150 internos procesados por delitos de terrorismo y traición a la patria. Las condiciones de su reclusión son especialmente inhumanas y dieron lugar durante el 2001 a diversas expresiones de protesta.
El gobierno de transición introdujo algunas mejoras en las condiciones carcelarias de estos internos: mayor libertad para sus entrevistas y comunicaciones y permanecer más tiempo fuera de las celdas. Sin embargo el gobierno de Toledo no ha prestado similar atención a esta problemática. Un reflejo de esto se tiene en el presupuesto del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) que en el 1994 era el 1.07% del presupuesto general de la República y el 2001 sólo alcanzaba al 0.40%.
Las malas condiciones carcelarias han provocado las protestas de los internos y la realización de motines como el de Socabaya (Arequipa, enero del 2001), Sarita Colonia (Callao enero), Castro Castro (Lima, huelga de hambre, febrero), el Milagro (Trujillo, febrero), Potracancha (Huancayo, mayo) Picsi (Chiclayo, septiembre) y San Rafael (Cajamarca , octubre).
Por último y pese a las múltiples recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para clausurar los penales de Challapalpa, Yanamayo y la base naval; éstos continuan funcionando.
Los traslados intempestivos de internos de una carcel a otra, sin ninguna orden judicial o notificación previa a los mismos o sus familiares, sigue siendo una práctica común por parte de los funcionarios del INPE. Estos traslados se realizan con empleo de violencia contra los internos quienes son obligados a dejar sus pertenencias personales. Se rescata dentro de esta práctica violatoria el caso de los 34 internos de SL no seguidores del "acuerdo de paz" trasladados desde Yanamayo a Challapalpa, con extrema violencia, tanto al salir de la primera carcel como al llegar a Challapalpa. Se utilizaron gran cantidad de bombas lacrimógenas, se les impidió recoger sus pertenencias, fueron agredidos físicamente y por último aislados 30 días como castigo. El hecho fue presentado ante la opinión pública como un motín provocado por los internos.
Otro hecho que constituye tortura es el sucedido en la carcel de mujeres de chorrillos, en la que las internas son sometidas a un trato vejatorio de parte de la custodia. Este trato que parte de llamarlas por su número, negandoles el derecho a ser reconocidas por su nombre; continuas requisas o traslados con agresiones físicas, etc. Para los traslados utilizaron a los escuadrones de la policía como sucedió el 21 de diciembre a las 3 de la mañana; lanzando grandes cantidades de bombas lacrimógenas, cerrando las rejas para que las internas no pudieran salir (perdiendo el conocimiento algunas de ellas), ingresando y luego de golpearlas y someterlas a tratos vejatorios sacaron a dos de ellas (Nancy Gilvonio y Lori Berenson) luego de rociar spray paralizante a las que aún quedaban en pie. Luego las encerraron en un taller y precedieron a mojarlas con baldes de aguar fría,dejandolas en esas condiciones hasta las 9 de la mañana.
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