| Derechos Humanos - Perú |
| Enero 2001 | Número 1 |
FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
PERU
por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH
y el Centro de Asesoría Laboral, CEDAL
El 2000: un proceso electoral cuestionado, inestabilidad y esperanza
La situación de los derechos humanos en el Perú durante el año 2000, está estrechamente ligada a su historia reciente, vale decir a los saldos que dejaron los años de violencia política y al fin de la dictadura encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
En cuanto a la historia reciente, el gobierno de Alberto Fujimori, sus principales voceros y el alto mando de los institutos armados hasta hace poco a la cabeza de ellos, han propalado la versión de que la violencia política, las víctimas así como los daños materiales y morales ocurridos a partir de 1980 en el Perú, son de exclusiva responsabilidad de los grupos que se alzaron en armas: Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Además, muchos medios de comunicación y apologistas del régimen fujimorista han tomado como suya esta "historia oficial" de la guerra interna vivida por los peruanos.
Se busca de esta manera substraer al Estado, a sus agentes y a los gobernantes en su respectivo período, no sólo de la responsabilidad que les cabe como autores en miles de casos de violación a los derechos humanos; también se pretende, por un lado, soslayar la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a sus ciudadanos y personas residentes en su territorio, y por otro, el deber de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a quienes delinquen.
Además en la historia reciente del Perú ha quedado demostrado en muchas ocasiones que gobiernos elegidos no garantizan en lo absoluto la plena vigencia de libertades y derechos fundamentales de la persona. Casi con toda seguridad, el período que comprende a los gobiernos del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, del doctor Alan García Pérez y del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, sea aquel en el cual en el Perú se han cometido la mayor cantidad y los más grandes abusos en contra de los derechos, garantías y libertades de todos los peruanos.
El año 2000
Una primera etapa del año 2,000 es aquella en la que se desarrolla el proceso electoral cuestionado nacional e internacionalmente, las elecciones mismas, el inicio del tercer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori y los primeros 48 días de ese gobierno. Como fueron afectados ciertos derechos y garantías durante esta etapa se encuentra se desarrolla más adelante.
La segunda etapa es la que transcurre desde el 14 de setiembre hasta el momento en el que se escribe el presente informe, caracterizada por la inestabilidad política que encuentra su máxima expresión en la fuga de Alberto Fujimori que se refugia en el Japón país desde el cual envía su renuncia al presidente del Congreso, doctor Valentín Paniagua. Con anterioridad, luego del escándalo mundial originado por la difusión de un video en el que el entonces asesor de del presidente, Vladimiro Montesinos, aparece corrompiendo a un parlamentario de un partido opositor, Alberto Fujimori anunció el recorte de su mandato y la convocatoria a elecciones generales, es decir, para Presidente de la República y para la conformación de un nuevo Congreso.
También caracterizan esta segunda etapa el enorme descrédito del Congreso y la descomposición en la bancada gobiernista; el constante descubrimiento de mas actos de inmoralidad y corrupción (incluido el narcotráfico y el tráfico de armas) que comprometen a Vladimiro Montesinos, a funcionarios civiles y a militares de alto rango; las manifestaciones públicas de rechazo y protesta al régimen fujimorista en las que participan diversos sectores de la sociedad que incluyen partidos y movimientos políticos opositores, organizaciones populares, gremios de trabajadores y de campesinos, jóvenes, artistas, intelectuales, organizaciones feministas y de mujeres y, en las últimas semanas, personal de reserva de las fuerzas armadas.
El aspecto de la corrupción merece subrayarse. Hasta el momento, y sólo en Suiza, se ha confirmado que Vladimiro Montesinos tenía cuentas bancarias cifradas con depósitos hasta por 72 millones de dólares. , Por otro lado investigaciones periodísticas involucran a Alberto Fujimori en millonarios actos de corrupción a tal extremo que el procurador para investigar a Montesinos -nombrado por Fujimori antes de fugar al Japón- ha solicitado que se comprenda al ex presidente en las investigaciones. A la vez, debe decirse que en todas las encuestas sobre el punto, para la gran mayoría de la población peruana ambos personajes no sólo son corruptos, sino también cómplices.
Paralelamente, la Organización de Estados Americanos, estableció en el Perú una Misión Permanente, decisión que proviene de la Reunión Anual de Presidentes Americanos realizada en Windsor, Canadá y se basa en el informe de la Misión Electoral que envió al Perú; allí también se aprobó enviar una Misión de Alto Nivel integrada por el Secretario General de la OEA, César Gaviria y por el Canciller de Canadá, Lloyd Axworthy. Estos presentaron una agenda de 29 puntos sobre los cuales el gobierno, la oposición política y la sociedad civil dialogaron -no sin interrupciones- con el objetivo de restituir la democracia y la institucionalidad al Perú.
La práctica ausencia de gobierno, determinó cambios en las bancadas de los partidos los que posteriormente se reflejaron en el cambio de la Mesa Directiva del Congreso, es así como resulta elegido para presidir este poder del Estado el doctor Valentín Paniagua, y en esa condición asume la presidencia de la República al renunciar Fujimori.
La llamada Mesa de Diálogo -en funciones desde agosto del 2000 y en la cual participaba como un representante de la sociedad civil la Coordinadora nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)- adquirió mucha importancia durante crisis. Fue en ese contexto que los representantes políticos (del gobierno y la oposición) se comprometieron a aprobar en el Congreso lo allí acordado. Hoy ante la recomposición de fuerzas y de cargos directivos en el Congreso de la República, por decisión propia ha cesado en sus funciones.
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El proceso electoral no alcanzó los standares internacionales de aprobación
Los derechos de los peruanos amparados en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedaron afectados según los observadores internacionales que llegaron al Perú desde diciembre de 1999. Así lo expresaron el Instituto Nacional Demócrata y del Centro Carter, las misiones de observación electoral de la OEA, la FIDH, la misión conjunta auspiciada por la FIDH y la doctora Bárbara Cox, del Electoral Reform International Service.
En resumen, para los observadores quedaron en cuestión las condiciones democráticas en las que se desarrollaba el proceso electoral, pues los partidos no tuvieron la libertad de organizarse, realizar reuniones y campañas, no pudieron transmitir sus mensajes ni accedieron en forma equitativa a los medios de comunicación. No existió suficiente libertad de expresión para que los votantes puedan tomar una decisión libre e informada, sin temor, intimidación o soborno. Igualmente, quedó seriamente cuestionada la neutralidad del Estado, pues sus recursos fueron utilizados en favor del candidato - presidente.
Tampoco la población, partidos y candidatos tuvieron confianza en el proceso, ni en las autoridades electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Sobre ellas se afirmó que no reunían las condiciones de independencia e imparcialidad y que tanto el JNE como la ONPE abdicaron funciones si ejercerlas implicaba enfrentar a Poder Ejecutivo.
Sobre cada uno de estos organismos recaen varias acusaciones de irregularidades, citaremos como ejemplos que la ONPE fue duramente criticada por su desempeño ante la comprobada denuncia de la falsificación de más de un millón de firmas organizada por una agrupación política que integra la alianza electoral por la cual postuló Alberto Fujimori. A su vez el RENIEC lo fue por la elaboración de un padrón electoral (lista de votantes o electores) lleno de errores.
De igual manera los resultados de las elecciones no gozaron de la confianza ciudadana.
También el marco legal fue cuestionado: el último día del año 1999, el JNE aceptó la tercera postulación consecutiva de Alberto Fujimori amparándose en la llamada "Ley de interpretación auténtica", que va en contra de lo expresamente impide la constitución política vigente. Además, el Congreso de la República no tiene, ni tenía facultades para interpretar dicha constitución. La aprobación y aplicación de la mencionada ley, viola el principio de separación de poderes al tratarse de una intervención legislativa en la función judicial.
Por último, en este aspecto, la presencia y actuación de los observadores nacionales e internacionales fueron atacadas por voceros del gobierno y medios de comunicación controlados por éste.
Todo bajo una situación en la que no existe un Estado de derecho y que más bien se caracteriza como un golpe de estado permanente, no hay órganos de control constitucional, es débil la institucionalidad democrática y hay un desequilibrio entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial; también es irregular la situación del Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que queda ilustrado si se tiene en cuenta que el 80% de todos los jueces ha sido nombrado de manera provisional o en calidad de "suplentes".
Para la Misión de Observación Electoral que envió la FIDH, fue claro que existía una injerencia del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en asuntos públicos, privados, en la administración de justicia y en la investigación de delitos comunes; que era considerado como fuente de amenazas e intimidaciones y responsable de campañas difamatorias.
Así pues, para los observadores internacionales, el Perú posee las instituciones formales y la apariencia de una democracia, pero ni las normas ni la esencia; el proceso electoral se caracterizó por la polarización, la ansiedad y las incertidumbres; no se establecieron las condiciones para una campaña electoral justa, democrática, libre y transparente debido a que existía un extendido ambiente de temor a represalias, que desde el Estado o gobierno se pudieran tomar contra quienes se manifiesten opuestos a Fujimori. La OEA, finalmente en su sexto boletín manifestaba su profunda preocupación por que ante las graves deficiencias estructurales, los entes públicos no hayan asumido plenamente su responsabilidad para evitar que se llegue a las urnas con un sentimiento de fatalidad sobre un fraude irreparable con relación a los resultados del mismo.
La ilegalidad e inconstitucionalidad de la postulación del candidato presidente, las condiciones -brevemente resumidas aquí- en las que se llegó al día de las elecciones, finalmente determinaron que la Misión de Observación de la OEA no avale el proceso electoral y se retiró de la observación. Sin embargo, los observadores nacionales, sectores de los medios de comunicación y periodistas independientes denunciaron y documentaron en los días inmediatos al 9 de abril multitud de irregularidades en distintos lugares del país.
El sentimiento de amplios sectores ciudadanos del Perú coincidía -y probablemente superaba- con las opiniones de los observadores internacionales: grandes manifestaciones de repudio a los resultados electorales -fraude en el amplio sentido de la palabra- y a la vez de exigencia de nuevas elecciones recorrieron el país. Esta situación tomó niveles mayores cuando el candidato Alejandro Toledo decidió no participar en la segunda rueda de elecciones; y llegó a su punto más alto con la realización de la denominada "Marcha de los Cuatro Suyos", la mayor movilización de personas en los últimos veinte años que convocó a más de cien mil personas que rechazaron el inicio del tercer mandato presidencial del ingeniero Alberto Fujimori.
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Hostilización, persecución y/o detención arbitraria de opositores políticos y lideres sociales
En la primera etapa a la que no referimos al iniciar el presente informa, no sólo los candidatos a la presidencia del Perú fueron objeto de ataques de diverso orden por parte del gobierno, sus voceros y/o funcionarios. Pese a que el gobierno formalmente levantó antes de las elecciones los estados de emergencia en todo el país, los organismos de derechos humanos han recibido muchas las denuncias de diferente tipo de amenazas o actos similares dirigidas contra líderes sociales, locales y regionales que se manifestaban contrarios a la re-re elección del ingeniero Alberto Fujimori.
Desde días antes de la Marcha de los Cuatro Suyos, muchos militantes de partidos opositores, dirigentes de organizaciones populares y lideres locales fueron constantemente hostilizados, presionados, amenazados y algunos detenidos con diferentes pretextos con el fin de impedir preparativos y la participación misma en dicha marcha. Sin embargo, fue al tercer día de esta masiva demostración de protesta, en el que en la ciudad de Lima, se producen más de doscientas detenciones arbitrarias incluyendo a personas independientes e inclusive a transeúntes que no participaban del acto político.
Aunque la mayoría obtuvo libertad en los días posteriores, algunas de las personas detenidas continúan encarceladas y/o con procesos judiciales en su contra y se han hecho denuncias de que se ha presionado a personas para que involucren a determinados líderes como responsables de actos de vandalismo que afectaron la vida de seis personas y la propiedad pública y privada. Para los observadores, fue evidente que las fuerzas de seguridad y los aparatos de inteligencia montaron un operativo destinado a provocar la violencia, si es que algunos de sus agentes no participaron de ella infiltrados. La versión de un experto argentino en explosivos y los peritajes encargados igualmente a peritos por las empresas reaseguradoras, dan a entender que la destrucción del edificio del Banco de la Nación se debió a estallidos de explosivos en el interior y no a causa del incendio. La versión del perito argentino hecha pública en conferencia de prensa no ha sido desmentida por ningún representante del gobierno ni de quienes hicieron las iniciales acusaciones.
En sentido contrario, para la opinión pública quedó claro que las denuncias y procesos judiciales contra del dirigente del partido opositor "Perú Posible", Alejandro Toledo y contra los periodistas Hugo Guerra, Gustavo Gorriti y César Hildebrandt y el Canal N -iniciados por personas aparentemente no comprometidas con el gobierno- son obra de éste pues no es la primera vez que aparece esta modalidad.
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Permanecen los saldos de años de dictadura y de la guerra interna
Aunque el notorio descenso en la actuación de los protagonistas de la violencia política -Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru- ha conllevado otro tipo de comportamiento de las fuerzas policiales y militares, y consecuentemente a la disminución de los más graves tipo de violaciones a los derechos humanos, la situación de éstos durante el año 2,000 está lejos de haber mejorado. Además, es parte componente de esta situación, la serie de medidas legales y políticas tomadas durante los diez años de gobierno del ingeniero Alberto Fujimori que afectaron diversos ámbito de la vida social y política del Perú y con ellas la situación de las garantías, libertades y derechos fundamentales de los peruanos.
El gobierno de transición a través de medidas recientes ha abierto algunas esperanzas para el movimiento de los derechos humanos. Hasta el momento se han tomado medidas que han dado solución a parte de los 44 puntos de la agenda básica que la CNDDHH (de la que forma parte APRODEH) presentó a los candidatos y movimientos políticos en enero de este año. Un balance inicial de esa agenda deja lo siguiente:
Sobre la construcción sólida de la democracia y de sus instituciones:
- Se ha repuesto a tres de sus miembros, destituidos irregularmente desde 1997, aunque sigue pendiente la necesidad de modificar el mínimo de cinco votos de siete para declarar inconstitucional una norma legal.
- No se han restablecido a los jueces ordinarios las facultades para que tramiten acciones de amparo y de garantía.
- Se ha dado inicio al cierre de juzgados y salas especializadas.
- Falta garantizar la inmovilidad de los jueces y desactivar las salas especiales itinerantes nombrando magistrados titulares.
- Es necesario derogar las normas legales que desnaturalizan el referéndum.
- Han cesado las presiones que atentaban contra el respeto irrestricto de la libertad de prensa, información y opinión. Se ha dado solución a los casos Ivcher y Delgado Parker. Sin embargo está pendiente la sanción a los autores de atentados contra periodistas. La FIDH, en materia de libertad de expresión recomienda seguir "Los Principios de Lima", aprobados en el pasado mes de noviembre con la presencia de los Relatores Especiales en esa materia tanto de la ONU como de loa OEA.
- Es necesario delimitar claramente las funciones del sistema de inteligencia nacional, así como su control por el Congreso de la República.
- Es necesario limitar la justicia militar a los delitos de función cometidos por militares y policías.
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Sobre los problemas derivados de la violencia política
- Se ha reiniciado el otorgamiento de indultos para los presos inocentes.
- Se han dado pasos para dar solución al problema de los requisitoriados por delitos de terrorismo que afecta a más de nueve mil personas que según estudios realizados en su inmensa mayoría son inocentes.
- Está pendiente la adecuación de la legislación contra el terrorismo de tal manera que no afecten los principios jurídicos universales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que significan en otras palabras: respeto al debido proceso, vista de las causas por jueces naturales, eliminación de la sobre penalización, delimitación de las atribuciones policiales para la investigación y destino del fuero que verá los casos, fin al juzgamiento de civiles por el fuero militar.
- Está pendiente una solución integral para todas las víctimas de la violencia política mediante la ejecución de un programa amplio que atienda los problemas individuales (reparación económica, atención clínica y psicológica especial para heridos, lisiados y familiares de víctimas), así como la reconstrucción económica y social de comunidades campesinas y nativas afectadas por la violencia política, y restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos para sus integrantes.
- Es necesaria la atención integral a los desplazados por la violencia, que abarque tanto a retornantes como a los que establecieron nuevo lugar de residencia.
- Es necesario adecuar las condiciones carcelarias y el régimen impuesto a los sentenciados por terrorismo y traición a la patria de tal manera que cumplan con los principios establecidos por la ONU para las personas privadas de libertad. De manera especial deben cerrarse los penales de castigo como el existente en la Base Naval del Callao y los de Yanamayo y Challapalca ubicados a mas de 4 mil metros sobre el nivel del mar.
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Es urgente acabar con la impunidad y buscar la verdad, la justicia y la reconciliación
En junio de 1995, el gobierno de Alberto Fujimori puso en vigencia dos leyes 26479 y 26492 que otorgaba amnistía a militares, policías y civiles que violaron derechos humanos entre mayo de 1980 y junio de 1995. Estas leyes no sólo son inconstitucionales sino que diversos organismos especializados de la OEA y la ONU han recomendado en repetidas oportunidades -todos los años en realidad- han demandado al gobierno de Alberto Fujimori que los deje sin efecto. Como en la casi totalidad de los casos, el Estado peruano no ha hecho caso a estas recomendaciones.
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos peruanas agrupados en la CNDDHH, diferentes iglesias, organizaciones sociales y populares, colegios de profesionales, intelectuales y juristas respetados del Perú, han demandado la derogación o anulación de dichas leyes. Lo mismo han hecho organismos de derechos humanos internacionales de carácter privado como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, SOS Torture, Lawyer Comittee for Human Rights y la FIDH.
Estas leyes determinaron el cierre de las causas en el estado en el que se encontraban y prohibieron todo tipo de investigación de los hechos; por lo tanto, impiden el conocimiento de la verdad, la determinación de responsables, su persecución, juzgamiento y sanción.
Dar solución a estos problemas exige la conformación de una Comisión de la Verdad que investigue e informe los hechos durante el período de violencia política que vivió el Perú y determine las responsabilidades del Estado en la violación de derechos humanos, así como las violaciones al Derecho Internacional Humanitario de parte de los grupos políticos que se levantaron en armas.
Este debe ser el primer paso para que las víctimas, sus familiares y la sociedad peruana accedan realmente al derecho a la verdad, a la justicia, y a la reparación adecuada, indispensables para una verdadera reconciliación nacional.
Debe resaltarse, sin embargo, que los organismos de derechos humanos peruanos han realizado permanentemente acciones en favor de la verdad y contra la impunidad, obteniendo resultados positivos parciales y han contribuido o beneficiado a la toma de conciencia en la ciudadanía en favor de la vigencia de los derechos humanos y de la democracia. Al develamiento de la verdad de los conocidos casos La Cantuta y Barrios Altos, han logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admita el caso la Cantuta en lo que se refiere a examinar la autoría intelectual que recae en ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y mentor del grupo Colina (autor material de los hechos) y en el general Nicolás Hermoza Ríos, comandante general de las fuerzas armadas en el momento en el que ocurrieron los hechos. Por su parte, el caso Barrios Altos será visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos casos además está en cuestión la incompatibilidad de las leyes de amnistía referidas con la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos pactos o tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
Igualmente, los organismos de derechos humanos del Perú han logrado llevar a las instancias internacionales casos de tortura como el de la señora Leonor La Rosa en el que está implicado el mayor del Ejército Peruano Roberto Anderson Kohatsu, uno de los torturadores y, lamentablemente, llevado por el gobierno de Fujimori como testigo en una caso ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos.
Su acción, en coordinación con sus pares latinoamericanos, también ha logrado que el general Julio Salazar Monroe (jefe formal del Servicio de Inteligencia Nacional cuando ocurrieron los casos La Cantuta y Barrios Altos y comprendido judicialmente en la causa de este último) sea retirado como embajador plenipotenciario del Perú en Venezuela.
En este campo la FIDH saluda la disposición de crear un Grupo de Trabajo Inter Institucional que se encargará de proponer medidas legislativas y administrativas necesarias para el establecimiento de una Comisión de la Verdad. En este Grupo de Trabajo estará un representante de la CNDDHH.
Gracias a una constante acción que desarrolló desde hace dos años el Grupo de Iniciativa Peruano por la Corte Penal Internacional, del que forma parte APRODEH, y del apoyo de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, el gobierno actual presidido por el Dr. Valentín Paniagua, ha suscrito el llamado Estatuto de Roma que normará el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. La FIDH saluda este paso e invoca la pronta ratificación de este Estatuto por el Congreso de la República.
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Especial atención a los casos de tortura y desaparición forzada de personas
Si bien en febrero de 1998, se aprobó una ley que tipifica en el Código Penal peruano como delitos contra la humanidad la tortura y la desaparición forzada de personas, ello no ha significado una real solución de estos problemas.
En lo que se refiere a los detenidos desaparecidos, debe recordarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 5699 sostiene que entre los años 1989 y 1993 en el Perú ha existido una práctica estatal -o por lo menos permitida por el Estado peruano- sistemática de desaparición forzada de personas; que todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado peruano efectúe las investigaciones respectivas, determine a los responsables, los persiga juzgue y sancione nunca han sido acatadas y que por el contrario se han beneficiado con las leyes de amnistía, pese a lo ya mencionado sobre ellas líneas arriba y a pesar de que la comisión del delito se mantiene en tanto no se de razón del paradero de las víctimas.
También debe considerarse que la Defensoría del Pueblo recientemente ha presentado un informe en el que da cuenta que sobre la base de documentación de proveniente de las fiscalías de todo el país, son mas de cuatro mil los desaparecidos en el Perú durante el período de violencia política; sin embargo considera con que este número es mayor y puede alcanzar a dos mil víctimas más sobre la base de los documentos y testimonios recogidos por los organismos de derechos humanos de todo el país.
Lo permanente de este doloroso problema afecta directamente a miles de familiares de estos 6 mil casos, aproximadamente. Ellos reclaman saber el destino que corrieron las víctimas y más que a cualquier otro afectado, es indispensable conocer la verdad y alcanzar justicia. Al respecto debe recordarse que nunca un caso de desaparición forzada de personas fue solucionado judicialmente en el Perú bajo ninguna de las figuras pre existentes en el Código Penal antes de la tipificación a la que nos hemos referido antes.
Finalmente, en la tipificación que se hace en la ley mencionada debe eliminarse la expresión "debidamente comprobada", imposible jurídico y real por tratarse precisamente de la desaparición de personas y que por el contrario brinda una puerta de escape para los autores de tal delito.
En lo que se refiere a tortura, pese a la tipificación e inclusión en el Código Penal peruano, ésta sigue siendo una práctica habitual en el Perú en dependencias policiales y militares dirigida sobre todo contra personas privadas de libertad independientemente del delito que se les imputa, es decir alcanza también a sospechosos y detenidos por la supuesta comisión de delitos comunes. Por otro lado, cada vez son mas frecuentes las denuncias de torturas o de malos tratos aplicados a personal subalterno de las fuerzas armadas y a quienes prestan servicio militar.
Mención aparte merece el hecho de que cuando la víctima es una mujer, ésta ha sido objeto de violación sexual.
Finalmente, es lamentable y un mal antecedente que en el primer caso en el que se aplicó la nueva legislación y pese a que el delito fue debidamente probado, el acusado -un miembro de la policía- fue absuelto bajo el argumento de que la gravedad de las lesiones inferidas no eran suficientemente graves como para que se configure el delito de tortura.
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Acerca de la legislación vigente y los derechos humanos
Con la aprobación de la actual Constitución Política del Perú, se ha reducido sustancialmente la protección internacional de los derechos humanos al desconocerse el rango constitucional de los tratados internacionales sobre la materia. La conducta del Estado peruano expresa que ello obedece a una voluntad política, pues no de otro modo se explica que se haya modificado la jerarquía constitucional que afecta directamente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, expresamente reconocido en la Constitución de 1979.
Sobre esta base, el Estado peruano abiertamente niega su obligación de cumplir con las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a que las normas internas establecen tal obligatoriedad, las autoridades judiciales se niegan a disponer la ejecución de las decisiones internacionales. En este sentido es alentador que el 22 de diciembre se haya dispuesto la creación de un Grupo de Trabajo -con funciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos- que dentro de los próximos 90 días debe proponer un mecanismo permanente que le permita al Estado el seguimiento adecuado de las recomendaciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Igualmente se ha dispuesto que el Ministerio de Economía establezca un calendario y transfiera las partidas necesarias para garantizar el pago de reparaciones e indemnizaciones que pudieran derivarse de lo anterior.
La legislación especial antiterrorista constituye una permanente amenaza contra la libertad individual de miles de ciudadanos, principalmente de zonas rurales y de procedencia indígena, contra quienes se ha iniciado procesos judiciales masivos y ordenado captura. Preocupa enormemente que los afectados sean integrantes de comunidades campesinas y comunidades nativas que actuaron coaccionados por los grupos armados, especialmente de Sendero Luminoso, por lo que resulta urgente que se dicten disposiciones que permitan resolver su situación jurídica.
La legislación penal de emergencia viene siendo ampliada a otros delitos, como es el caso del mal llamado delito de terrorismo agravado, ahora denominado terrorismo especial, con similares limitaciones de las garantías judiciales, convirtiendo normas de carácter excepcional en normas de carácter general.
Estas características, hacen imposible que los ciudadanos peruanos y residentes en el Perú, puedan acceder a un recurso sencillo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales contra cualquier acto que los viole, en los términos previstos por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales suscritos por el Estado peruano. En igual situación se encuentran aquellas personas que han obtenido un fallo favorable, pues el Estado simple y llanamente se ha negado a cumplir la decisión judicial.
Finalmente, resulta preocupante la disminución de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo referente a su derecho ancestral a sus territorios. La nueva Constitución ha eliminado la protección de las tierras comunales y se ha desmontado toda la legislación protectora dictada al amparo de la Constitución de 1979. De igual manera, es preocupante que las autoridades estatales toleren la discriminación racial bajo la justificación de la "libertad de empresa".
La FIDH mantiene la esperanza de que el actual gobierno del Dr. Valentín Paniagua y el Congreso de la República tomen las medidas necesarias para dejar sin efecto el pretendido retiro de la competencia contensiosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuesto por el gobierno de Alberto Fujimori.
Hacia el futuro no muy lejano, igualmente la FIDH espera que se modifique la actual constitución para que se otorgue explícitamente rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú suscribió. De la misma manera espera que se dicten las normas necesarias para que las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de la ONU como de la OEA, se cumplan de manera efectiva.
Igualmente es necesario que firme y/o ratifique diversos tratados, pactos o convenios relacionados con la eliminación de la pena de muerte, la tortura, la desaparición forzada de personas, la discriminación de personas discapacitadas y por la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional.
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Acerca de los derechos económicos, sociales y culturales
Desde el contexto político reseñado en los párrafos precedentes, el Gobierno del Presidente Fujimori anunció en julio de 1999, con ocasión de su mensaje anual a la nación, un cronograma de medidas económicas que -sin afectar el modelo económico neoliberal que cultivó durante diez años- pudiera promover algún tipo de reactivación capaz de atender, siquiera mínimamente, la creciente presión social por fuentes de empleo y medidas efectivas para reducir la pobreza. Las medidas propuestas no alterarían en nada el curso antisocial de las políticas implementadas hasta entonces, pero perseguían ser capaces de producir cambios en la opinión pública favorables al proyecto re eleccionista de Fujimori y sus aliados.
No obstante, la adopción de medidas aisladas, tales como la imposición de sobre-tasas arancelarias para algunos productos agropecuarios; el otorgamiento de facilidades de pago para cierto tipo de deudas tributarias; la rebaja del impuesto a los activos empresariales; el apurado reingreso a la Comunidad Andina; o el anuncio de US $ 2,700 millones de gasto público orientados a los programas de "lucha contra la pobreza" a través de compras concertadas de ropa, calzado y herramientas, sólo alcanzaron un impacto focalizado, sin posibilidad de repetir el efecto enorme multiplicador que si tuvo el masivo programa de inversión social ejecutado por el mismo gobierno entre 1993 y 1995 para garantizar la primera reelección de Fujimori. La economía parecía empezar a dejar de ser un instrumento eficaz para jalar el vagón de la reelección.
En 1995, la construcción de colegios y postas médicas, la instalación de servicios de electricidad, agua potable y desagüe en los sectores rurales y urbano marginales, generó importantes efectos directos e indirectos en los niveles de empleo y consumo en todas las regiones del país, dado que la construcción es una de las industrias con mayor grado de eslabonamiento en nuestro aparato productivo. El año 2000, sin embargo, la capacidad de impactos de igual magnitud era significativamente menor.
Luego del "enfriamiento" de la economía -alentado por el FMI desde el segundo trimestre de 1995 en adelante (en previsión de consecuencias análogas a la crisis mexicana o efecto Tequila)- los agregados macroeconómicos que gozaron de buena salud durante el primer período de gobierno de Fujimori (el PBI había crecido en alrededor de 4.5 % en esos años, la inflación decreció continuamente, el déficit comercial estaba situado en alrededor de US $1,100 millones, las operaciones del gobierno central arrojaban superávits sostenidos y las reservas internacionales netas (RIN) bordeaban los US $10,000 millones, de los cuales aproximadamente 7,500 provenían de las privatizaciones efectuadas), la economía se sumergió en uno de los períodos de menor crecimiento de la década y, más bien, empezó a reportar significativos y persistentes niveles de recesión.
Las cuatro tendencias principales de la evolución económica del país durante este período consistieron en:
1) un enorme déficit en la Balanza de Pagos (de alrededor del 7% del PBI);
2) un crecimiento del valor de las exportaciones originado en la exportación de productos tradicionales, cuyo mayor peso en la economía derivaba principalmente de su creciente cotización en el mercado internacional antes que en los mayores volúmenes exportados;
3) un marcado retraso cambiario que favoreció el abaratamiento de las importaciones y, por tanto, el encarecimiento de nuestras exportaciones; y
4) una creciente y elevada dolarización de la economía nacional (75% del ahorro financiero se expresa en moneda extranjera), lo que determina que una proporción similar de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se encuentren casi inmovilizadas para respaldar tales depósitos privados.
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Cuando la economía no sirve a la sociedad
Al firmar los pactos y convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los Estados se comprometen a respetar, proteger y realizar el amplio abanico de derechos que -reconocidos y garantizados por estos tratados- tienen la condición de prerrogativas indispensables para que toda persona pueda contar con la capacidad y las oportunidades indispensables para llevar una vida digna. Los Estados se comprometen, al firmar estos tratados, a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos propios disponibles y -si fuera el caso- con el auxilio de la cooperación internacional, para permitir a la población sometida a su jurisdicción -sin discriminación de ninguna clase- el progresivo disfrute de cada vez más altos niveles de vida y bienestar.
El Perú ha suscrito y ratificado la mayor parte de tratados que versan sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que la casi totalidad de países con economías atrasadas y sometidas a las lógicas del capitalismo tardío, los rasgos más saltantes de la situación social en el Perú actual son los altos índices de pobreza y de extrema pobreza, y los severos efectos colaterales que esta condición tiene sobre los niveles de nutrición, salud y educación que ello implica para las amplias capas de la población víctimas del carácter excluyente del modelo económico implementado. No es casual, por ello, que un informe del Banco Mundial en relación a los indicadores de pobreza de 1998, ubicara al Perú dentro de los 12 países más pobres del mundo.
Entre 1991 y 1994, altas tasas de crecimiento económico que llegaron a 13% en 1994- sumadas a una radical disminución de la inflación vivida durante la década de los 80, hicieron posible reducir la pobreza peruana del 55 a 48%. No obstante, aunque los programas sociales aparentemente se fortalecieran en cuanto a volumen de gasto y mayor efectividad, la desaceleración del crecimiento económico se encargó de frenar el proceso de reducción en los niveles de pobreza.
Existen en el país hoy más de 12 millones de peruanos en situación de pobreza y 4.5 millones de personas en situación de pobreza extrema, ubicados principalmente en los sectores ocupacionales de la agricultura, la ganadería y pesca, con un ingreso mensual personal inferior al costo de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que incluye solo alimentos y que, según la zona geográfica de que se trate, puede oscilar entre los US $24 y los US $37 mensuales por persona. Para darnos una idea de lo que esto significa, baste decir que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares (ENHO), sólo el 25% de los peruanos en pobreza extrema tenía acceso a los servicios de salud, mientras que solo el 73% accedía a alguna forma de educación, fundamentalmente primaria. El 54% de los extremadamente pobres con síntoma de enfermedad o accidente no se atendió en los establecimientos de salud por falta de recursos económicos para pagar las reducidas tarifas que se cobran por consulta, análisis y medicinas. Un 5% no lo hizo por lejanía del lugar de consulta. Por ello, a pesar de la masiva construcción de establecimientos de salud emprendida por el Presidente Fujimori con el objeto de garantizar su permanente reelección en el cargo, el permanente deterioro de la capacidad adquisitiva de la población pobre durante los últimos años fue el más grave obstáculo para su acceso, igualitario y no discriminatorio a los servicios básicos, que es lo que -precisamente- pretender garantizar los instrumentos internacionales en materia de DESC.
En este sentido, las mejoras en infraestructura tenían que haber coincidido con un aumento real en los ingresos de la población en pobreza extrema para producir algún resultado medianamente eficaz en materia de lucha contra la pobreza. Lamentablemente, esta perspectiva estaba ausente en la visión política de Fujimori, para quien la imagen ideal del Perú era la de un país lleno de pobres dependiendo permanentemente de los programas gubernamentales de asistencia a cargo de su gobierno para sobrevivir. Para salir de la pobreza extrema, o de la pobreza a secas, hacía (y hace) falta avanzar en la transición de las acciones de carácter asistencial hacia programas de desarrollo, que se relacionen con la ampliación del aparato productivo, la capacidad de generación de empleo y la inversión social en las zonas de pobreza extrema rurales y urbanas, un punto débil de la política social fujimorista, en el que no existía siquiera una política y programa nacional de fomento del empleo productivo.
No obstante el claro maquillaje de las cifras oficiales para ocultar lo inocultable, el régimen del Presidente Fujimori acarreó como uno de sus peores lastres de campaña electoral lo que fueron los deteriorados niveles de empleo y subempleo vigentes durante todo el año 1999. El desempleo había crecido en varios puntos porcentuales, y para la inmensa mayoría del país el gran problema continuaba siendo ese 50% de la PEA no carecía de un empleo adecuado:
Desempleo, subempleo y pobreza son variables de medición de la condición y calidad de vida de las personas, organizadas a partir de la medición de su carencia de una sola variable (el trabajo) o varias (el acceso a la salud, la alimentación, el vestido, la educación, la vivienda, la seguridad social, etc.). Es imposible verlas de manera desconectada, y, por la misma razón, es necesaria - a su vez - relacionarlas con otros indicadores de la situación económica y social del país. El crecimiento de la desigualdad, por ejemplo.
La pobreza creció en el Perú durante el gobierno de Fujimori, tanto como la riqueza. Y el crecimiento de esta última estuvo íntimamente ligado al crecimiento de la primera. Creció la riqueza de la mano con la desigualdad. Es lo que, ni más ni menos, reflejó todo el tiempo la variación del índice de Gini.
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POBREZA Y RIQUEZA EN EL PERÚ
Pobreza genérica (Instituto CUÁNTO, 2000 54% de la población
Pobreza extrema 14.8% de la población
Indice de Gini (respecto a los ingresos, 1994) 0.449
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Derechos humanos, democracia y desarrollo: el nombre de la libertad
La dramática situación por la que atraviesan todos los derechos humanos en el Perú guarda honda relación con el hondo deterioro de la democracia y el Estado de derecho en este país. Parece difícil, por ello, imaginar un modelo de desarrollo que haga viables las oportunidades que permitan el acceso de su pueblo a niveles de vida dignos, que no este relacionado con un profundo proceso de reconstrucción democrática, y de defensa y promoción de los derechos humanos, desde y por las mayorías excluidas del Perú. No habrán pues en el Perú democracia, desarrollo, ni pleno respeto a los derechos humanos, que no se basen en el despliegue de procesos de democracia participativa, desde y con una población capaz de apropiarse de todos y cada uno de estos conceptos.
Los enormes desafíos que la vigencia de los derechos humanos en Perú plantea a sus ciudadanos, y a quienes en el mundo tienen -al mismo tiempo- un compromiso solidario por la defensa universal de los mismos en cualquier parte, nos impone la obligación de asumir que la magnifica tarea de reconstruir este país después de la caída del régimen cívico-militar de la dupla Fujimori-Montesinos, requiere de una acción simultánea en todas las esferas antes descritas, sin que alguna de ellas pueda reclamar una condición de primacía sobre las demás. Porque no habrá una peruanidad democrática y libre del temor a la opresión, sin que haya -al mismo tiempo- una peruanidad libre del temor a la miseria. Porque eso son, precisamente, los derechos humanos en el Perú y en cualquier parte: derechos inherentes a todas las personas, universales, indivisibles, irrenunciables y terca, terriblemente, interdependientes.
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