Peru 21 14 de julio 2010
Gobierno pedirá al Poder Judicial que terroristas excarcelados que no hayan cumplido con pagar su multa sean nuevamente encarcelados.
En entrevista con Perú.21, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, explicó que los dispositivos legales incluyen desde pedir explicaciones al citado tribunal sobre sus sentencias, hasta solicitar al Poder Judicial la detención de los subversivos excarcelados que no hayan cumplido con el pago de las multas que se les impusisera al momento de su condena.
NI UN SOL MÁS. La primera decisión asumida el miércoles en el Consejo de Ministros es no destinar ni un solo sol del presupuesto para pagar las indemnizaciones a los terroristas. "Los terroristas beneficiados ocuparán el último lugar, vamos a priorizar el pago a sus víctimas. Por temas de presupuesto, el Gobierno no pagará ninguna reparación a los condenados por este delito, al menos mientras dure esta gestión. Ya decidirán los futuros gobiernos si los incluyen en sus presupuestos", indicó el titular de Justicia.
Asimismo, se han tomado las medidas para que los subversivos condenados no solo cumplan con la totalidad de su pena en prisión sino, además, paguen al Estado los daños causados. "Al Perú, los condenados por terrorismo le deben la astronómica suma de S/.3,783 millones, y para cobrarlos, probablemente mañana (hoy) se publicará la creación de una Procuraduría de Reparaciones, que no perseguirá delitos sino el pago", explicó.
Y, tal como informó este diario, una de las opciones para el cobro de las reparaciones impagas a favor del Estado será la retención de hasta un tercio de las remuneraciones que perciben los terroristas excarcelados reinsertados en la sociedad, "y a quienes no laboran se trabará embargo en sus propiedades. Aquí, hasta una bicicleta será embargada".
Pero, además, el Gobierno acordó pedir al Poder Judicial que se autorice la conversión de los días multa en días de prisión efectiva. Para ello -señaló el titular de Justicia- se ha pedido al procurador Contra el Terrorismo, Julio Galindo, que elabore la lista de los subversivos excarcelados que no han cumplido con esta parte de su sentencia, "a fin de que retornen a prisión".
EN BLOQUE. Como parte de los acuerdos asumidos se solicitará a la procuradora de Derechos Humanos, Delia Muñoz, que solicite a la Corte de San José una explicación sobre los criterios que se toman en cuenta al momento de emitir una sentencia y donde fijan las compensaciones económicas.
Y, para darle mayor fuerza a este pedido, se está coordinando con los países que se encuentran en la misma situación que el Perú, vale decir, Colombia, Bolivia, Paraguay y México.
"Estamos pidiendo a la Corte que cambie la jurisprudencia en esta materia y nos proponemos la réplica en los Estados, y esto no implica un desconocimiento de la competencia de la Corte", explicó García Toma.
Casos pendientes de pago (establecidos por la Corte Interamericana de DDHH)
SANTIAGO GÓMEZ PALOMINO
El 9 de julio de 1992, un grupo de militares secuestró y desapareció a Gómez. Se adeuda US$60,000
ASESINATO DE BARRIOS ALTOS
El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina asesinó a 15 personas. La deuda es de US$3'400,000
CASO CASTILLO PETRUZZI
En 1994, un tribunal militar condenó a los chilenos Jaime Castillo, María Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga. Se adeuda US$10 mil.
BERNABÉ BALDEÓN GARCÍA
El 25 de setiembre de 1990, en Accomarca, se detuvo y asesinó a Baldeón. Se adeuda US$41,400.
LA CANTUTA
El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor. Queda pendiente de pago US$1'775,976.
CASTRO CASTRO
En mayo de 1992, 41 internos fueron asesinados en ese penal. Se adeuda US$3'210,000 a los deudos de los asesinados. La cifra total (incluye a torturados) es US$14.5 millones
SAÚL CANTORAL HUAMANÍ Y CONSUELO GARCÍA SANTA CRUZ
El 13 de febrero de 1989, ambos dirigentes mineros fueron secuestrados y asesinados por el Comando Rodrigo Franco. La deuda es US$240 mil.
KENETH NEY ANZUALDO
El 16 de diciembre de 1993, el estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao fue detenido por agentes del Estado y desaparecido. El Estado adeuda a sus familiares US$419,000.
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