A la comunidad de Derechos Humanos del Perú
A las organizaciones Internacionales de Derechos Humanos
A la Opinión Publica nacional e internacional
Queremos denunciar y expresar nuestra profunda preocupación por la forma como han sido detenidos y presentados ante la prensa los ciudadanos: Armida Valladares Jara, Damaris Danixy Velasco Huiza, Guadalupe Alejandrina Hilario Rivas, Mercedes Asparrent Rivero, Maria Socorro Gabriel Segura y Roque Gonzáles La Rosa. Ellos habían viajado a un evento público en la ciudad de Quito de la hermana república del ecuador y retornaban a sus respectivos domicilios en la ciudad de Lima. Sin embargo, han sido presentados con gran cobertura de la prensa como si fueran peligrosos terroristas a punto de crear zozobra en el país y perturbar la paz social. Empero, por las propias declaraciones del director general de la policía peruana, encargado de la conferencia de prensa en donde se presento a las mencionadas personas, a ellos no se les ha encontrado en su poder ningún material que los incrimine con actividades ilegales mucho menos con actos terroristas.
La detención de estas personas y su posterior presentación ante la prensa se ha basado únicamente en presunciones de la policía acerca de la tendencia ideológica de una organización que funciona de manera legal en nuestro país, así como en el hecho de que algunos de los activistas de esta organización han estado en prisión sentenciados por terrorismo.
En primer lugar podemos o no discrepar con la posición ideológica de los diferentes colectivos que han surgido en los últimos años en nuestro país pero no podemos pretender negar el derecho de las personas a participar de ellos siempre que sus actividades se desarrollen dentro de la ley. En segundo lugar el hecho de haber purgado condena en una prisión no inhabilita de por vida a una persona para realizar actividades políticas máxime si ha cumplido con la sanción que la justicia le impuso. Como institución de la sociedad civil rechazamos cualquier forma de segregación social por causa de ideas o por el pasado de las personas. Se ha estigmatizado a las personas que han cumplido condenas por delitos de terrorismo al punto que indirectamente se les están cerrando todos lo mecanismos que las sociedades civilizadas ofrecen a sus ciudadanos para expresarse y actuar políticamente.
Si bien es cierto la ley faculta a la policía a solicitar en determinadas circunstancias la detención preventiva de personas, es el ministerio publico y el juez quienes deben calificar con responsabilidad los hechos a fin de no convalidar situaciones de abuso como de hecho lo es el exponer a personas sobre las cuales debe presumirse su inocencia, al escarnio publico y al uso político de las autoridades de turno. Pretender que estas 7 personas detenidas iban a poner en zozobra al país es completamente un despropósito y un abuso de autoridad.
Por estas consideraciones, consideramos injusta la detención de las personas arriba mencionadas; injusta e ilegal la presentación ante la prensa cuando todavía están en investigación preliminar, es decir ni siquiera existe un proceso abierto regularmente por una denuncia por consecuencia demandamos su inmediata liberación y desagravio publico.
Lima 3 de marzo 2008
Anibal Augusto
Apari Sanchez
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