Dirigido a beneficiar a mineras, petroleras, agro combustibles, madereras y aumentar la exclusión, contaminación, depredación y calentamiento global
Las organizaciones campesinas e indígenas del Perú pronuncian a la ciudadanía, los comuneros, indígenas, Estado, prensa nacional e internacional y la opinión pública general lo siguiente:
1. El gobierno peruano, del APRA, encabezado por el presidente Alan García Pérez, y con el apoyo de Unidad Nacional y por la derecha política, empresarial y mediática, una vez más arremete contra las comunidades indígenas campesinas de nuestro país al aprobar el Decreto Legislativo 1015, vulnerando el derecho a la propiedad comunal, el mismo que se encuentra protegido por la propia Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Peruano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la R.L. N° 26253.
2. El Decreto Legislativo 1015 pone en peligro las tierras comunales -por tanto las Vidas y Culturas comunales como Pueblos- puesto que permite su confiscación o despojo y privatización para la reconcentració n capitalista, facilitando de esta manera el ingreso de empresas dedicadas a actividades extractivas, como la minería, madera, agro combustibles e hidrocarburíferas, en territorios comunales. Para ello se ha dispuesto que en adelante la entrega en concesión, alquiler, venta, transferencia de las propiedades comunales se haga con el consentimiento del 50% más un voto de los asistentes en una Asamblea, y no como antes se requería la convocatoria a Asamblea en forma específica con agenda para la disposición del territorio y se aprobaba con los dos tercios de votos calificados del padrón comunal. El resultado en un ejemplo: De 1000 personas de un padrón comunal, bastaría el voto de 21 de 40 asistentes a cualquier asamblea para destruir el destino de todos los demás.
3. Esta norma viene concretando su política neoliberal de despojo legal de nuestros territorios a las comunidades bajo el pretexto de promover la inversión privada y la competitividad de la producción agrícola dentro de las propiedades comunales. Recordemos que a través de sus artículos 'El Perro del Hortelano' y 'Recetas del Perro del Hortelano', Alan García expuso su espíritu racista hacia las comunidades previo a estas medidas normativas y su voluntad entreguista y obediencia a sus amos del capitalismo neoliberal, facilitando el ingreso de las grandes empresas transnacionales en nuestros territorios, pese al rechazo de los Pueblos y Comunidades del país.
4. Es conocido que tanto el gobierno como las empresas interesadas en ingresar en las tierras comunales, vienen fomentando el divisionismo y la formación de organizaciones paralelas a las ya existentes dentro de las comunidades (incluso con apoyo para militar), las mismas que facilitarán la entrega de las tierras a las empresas privadas, violando las normas de derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas recogidas tanto en el Convenio 169 OIT como en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Frente a esta nueva arremetida del gobierno las organizaciones indígenas y campesinas del Perú expresamos lo siguiente:
1. Expresamos nuestro total rechazo a las políticas implementadas por el gobierno, principalmente las que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades, los mismos que están protegidos por el marco legal vigente y los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
2. Demandamos el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que establece que las políticas que se emprendan desde el gobierno y que afecten a las comunidades indígenas - campesinas sean consultadas con ese sector de la población, y llamamos a organizar denuncias nacionales ante la OIT, ONU y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Exigimos a los Congresistas progresistas y constitucionalistas , observar el Decreto Legislativo 1015, lo deroguen o formulen su inconstitucionalida d ante el Tribunal Constitucional conforme a sus atribuciones. Aquí debe definirse claramente quiénes están con el pueblo o quiénes son parte de los otorongos que nos agreden.
4. Pedimos a la Defensoría del Pueblo que en forma inmediata interponga la demanda de Inconstitucionalida d contra el D.Leg. 1015 y el Art 3 del D.Leg. 994, por los vicios legales que contienen. Entre otros, porque el Ejecutivo abusó para legislar sobre algo no previsto en la autorización del Congreso.
5. Hacemos un llamado a los millones de comuneros de todo el país a sumarse a la campaña de recojo de firmas para exigir la declaratoria de inconstitucionalida d del Decreto Legislativo 1015, por atentar contra la propia Constitución y los instrumentos internacionales antes mencionados.
6. Reiteramos la convocatoria al Paro Nacional de 48 horas para los días 8 y 9 de julio próximo, en rechazo a la política económica del gobierno, que busca desconocer nuestros derechos a la propiedad y la propia existencia de las comunidades y Pueblos, Culturas, Recursos y Vida.
7. Llamamos a la movilización de los comuneros y comuneras, organizaciones locales, regionales, departamentales del agro de la costa, ande, de los pueblos indígenas, pequeños propietarios y posesionarios ribereños de ceja de selva, selva baja y selva alta; y a expresar su posición en las instancias estatales regionales y ante sus representaciones congresales a efectos de que se formulen las acciones correspondientes. Igualmente, a la solidaridad de nuestros hermanos que han migrado a las ciudades y que luchan desde ahí por la sobrevivencia de sus familias y de la vida en sus raíces comunitarias.
8. Convocamos al PLANTÓN INDÍGENA día 4 de junio del 2008, ante las Oficinas del BID en el Perú, por constituir la entidad que financiará el PTRT 3 (Programa de titulación y registro de tierras No. PE-L1026) que está a cargo del COFOPRI con la finalidad de 'formalizar' la propiedad individual en el territorio indígena y que se encamina a destruir 'legalmente' a las comunidades campesinas y nativas. Asimismo, que se cumpla con la obligación estatal de la titulación de nuevas comunidades y ampliación de las antiguas, actualmente detenidas en forma ilegal y dictatorial.
¡POR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TERRITORIOS, VIDAS Y CULTURAS: CON SUELO, SUBSUELO, AGUA, RECURSOS FORESTALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA!
¡POR EL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO AUTONOMÍA, CONSULTA Y OTROS!
Lima 26 de mayo del 2008
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
Confederación Campesina del Perú, CCP
Confederación Nacional Agraria, CNA
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP
Central Única Nacional de Rondas Campesinas, CUNARC
Asociación Nacional de Maestros de Educación Intercultural Bilingüe, ANAMEBI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI
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