18 años después. A Montesinos y Hermoza Ríos. Dirigente sindical fue asesinado en 1992 por combatir las políticas laborales del gobierno de Alberto Fujimori.
Ana Véliz.
Luego de 18 años del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse, el Poder Judicial abrió proceso penal al ex asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos, al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y a los miembros del grupo Colina por delitos de homicidio calificado.
El juez anticorrupción Jorge Barreto adoptó esta medida al acoger la denuncia presentada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos contra los involucrados, quienes según la acusación fiscal eliminaron al dirigente por ser un personaje contrario al gobierno de Alberto Fujimori y agitador de la masa trabajadora.
Señala la Fiscalía que cuenta con la versión de miembros del Grupo Colina quienes confirman el crimen, para esto hicieron pasar el hecho como un atentado de un grupo terrorista, con quienes Huilca también se enfrentaba.
De esta forma, se acata lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado peruano identificar y sancionar a los responsables del asesinato.
El juez abrió proceso con mandato de detención y además dispuso el embargo preventivo de los bienes de los procesados a fin de garantizar el pago de una reparación civil a favor de los deudos del dirigente sindical.
Pedro Huilca fue asesinado por varios sujetos encapuchados el 18 de diciembre de 1992 dentro de su auto frente a su casa en Los Olivos.
Aunque en un principio se procesó y sentenció a cuatro personas como miembros de Sendero y responsables del asesinato, luego se determinó que el crimen fue ordenado por Vladimiro Montesinos.
Fue un crimen político
El 22 de marzo del 2005. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca configuró una violación del derecho a la vida, a la libertad de asociación y a la justicia. Como consecuencia de sus críticas a la legislación económica y laboral del régimen de Alberto Fujimori.
La Corte Interamericana señaló que la ejecución de Pedro Huilca tuvo un efecto amedrentador en los trabajadores sindicales del Perú y con ello disminuyó la libertad de un grupo determinado de ejercer su derecho de protesta ante los abusos del gobierno de turno.
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