político para apelar a recursos penales", señaló a este diario el abogado del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera.
El Ejecutivo -prosigue Rivera- hizo un mal uso de las facultades legislativas que se le otorgaron para promulgar normas en la lucha contra el crimen organizado debido a que los decretos recientemente aprobados no plantean una política de Estado para enfrentar dicho problema social.
El jurista y analista político Enrique Bernales señaló que "la sobrepenalización y las leyes draconianas no son el mecanismo para prevenir los conflictos. Si la represión fuera efectiva, entonces el Perú sería el paraíso. El gobierno ha cometido un exceso".
Bernales consideró que en lugar de enfrentarse a los presidentes regionales, el Ejecutivo debería acercarse a ellos para implementar políticas sociales eficaces. "No veo por qué tiene que acortar los espacios democráticos", agregó.
Los analistas señalan además que se ha distorsionado el concepto de delito de extorsión por el cual se les sancionaría a los presidentes regionales si apoyan las protestas.
Concepto nada claro
"El delito de extorsión existe cuando una persona quiere sacar alguna ventaja económica indebida o de otra índole, pero ahora el gobierno ha incluido dentro de ese concepto el bloqueo de carreteras distorsionando lo que se conocía como ese delito", opinó el constitucionalista Jorge Avendaño.
Bajo esta nueva definición, los organizadores de "un mitin político e incluso del corso de (supermercados) Wong tendrían que ser sancionados", ironizó Wilfredo Ardito de la Asociación Pro Derechos Humanos. Según él la norma "es sumamente ambigua y desproporcionada" para el manejo de conflictos sociales. "El gobierno tendría que recapacitar", apuntó.
El dato
MANO DURA. El Ejecutivo, además, ha incrementado la penalidad. En el caso de que el delito de extorsión sea cometido por dos o más personas, la sanción puede llegar a 25 años de prisión.
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