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Una justicia a la medida
La democracia para existir necesita ser verosímil. Esta no existe para que seamos iguales sino más bien porque somos desiguales. Profundas diferencias sociales, económicas y culturales separan, por ejemplo, a un pastor de alpacas de Caylloma de un capitán de industria limeño. Pero la democracia construye un espacio de igualdad formal, al que llamamos ciudadanía, en el que los ciudadanos, blancos o indios, ricos o pobres, profesionales o analfabetos, pesan igual a la hora de votar, son iguales ante la ley y tienen iguales deberes y derechos.
La igualdad de los ciudadanos es una ficción jurídica, que no anula las diferencias reales que los separan. La ciudadanía crea un espacio de igualdad formal donde los realmente desiguales, pueden (o deberían poder) procesar civilizadamente sus diferencias. Por eso, para que la democracia funcione, es necesario que los ciudadanos crean que la igualdad que proclama la ley es verdadera.
Un hecho de fondo que alimenta la informalidad que atraviesa a toda la sociedad peruana es la constatación de que la ley verdaderamente no es igual para todos. Allí están los casos de la congresista Tula Benites y el ministro Luis Alva Castro, apristas defendidos ardorosamente por el gobierno aprista ante acusaciones idénticas a aquellas que provocaron la caída de la congresista Elsa Canchaya y de la ministra Pilar Mazzetti -por la contratación de un trabajador fantasma, la primera, y por una licitación tramposa para comprar patrulleros, la segunda- para recordarnos que aquí la ley solo vale para los enemigos del régimen.
En la misma dirección apunta la denuncia que acaba de formular el Instituto de Defensa Legal (IDL), sobre la campaña de acoso y hostigamiento que viene desarrollando en su contra la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con dos intervenciones de fiscalización en menos de un año, por el delito de denunciar las irregularidades cometidas en la compra de los patrulleros chinos, operación defendida por Alan García como una de las licitaciones más transparentes de nuestra historia y que luego tuvo que ser apresuradamente desmontada, cuando el escándalo impidió continuar adelante con la operación. Los culpables quedan impunes y quienes denuncian las irregularidades son perseguidos.
El gobierno se muestra incapaz de realizar una simple licitación honrada y utiliza su poder para perseguir a sus críticos. Es coherente, pues, que pida la cabeza del procurador Omar Chehade, por el delito de defender la demanda peruana de que Alberto Fujimori sea extraditado al Perú para responder por sus delitos.
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