El grupo Colina asesinó a dirigente de empresa militar
Exclusivo: julio de 1992, nombre de la víctima, Adrián Medina o Quince años después la verdad sale a la luz. El fiscal Díaz denunció al mayor (r) Martin Rivas y al agente Najarro Gamboa por desaparición forzada y homicidio calificado.
Ana Véliz.
La fiscalía descubrió otro asesinato cometido por el destacamento militar Colina. La víctima es Adrián Medina Puma, secretario general del sindicato de la Empresa de Equipo y Transportes Militares (Etramsa) secuestrado, torturado y asesinado a balazos, el 8 de julio de 1992.
Para mayor horror, a Medina Puma lo habrían torturado y ejecutado delante de su hijo Rosendo Medina, de tres años. Rosendo ahora tiene 18 años y algunas ráfagas de recuerdos, cuentan sus tíos, de lo que le ocurrió ese día a su padre.
Adrián Medina fue capturado cuando iba a visitar a su amigo y ex trabajador de Etramsa, Reynaldo Rodríguez, en el cruce de las avenidas Arenales y Javier Prado, San Isidro, a las 6:30 de la tarde del 8 de julio. Adrián, que tenía a su pequeño hijo en brazos, estaba acompañado de su presunto amigo Eudes Najarro Gamboa.
Aproximadamente, a las 9:00 de la noche, personas que se movilizaban en dos autos Volkswagen, abandonaron al pequeño Rosendo a tres cuadras de la casa de su abuela en Independencia. El pequeño fue recogido y llevado a su casa por un grupo de niños que jugaba en el lugar.
"Trajeron a mi nieto llorando, asustado y temblaba. Lo vi y supe que algo malo le había pasado a Adrián. No sabía qué hacer. Qué habrá tenido que hacer mi hijo para que esa gente no mate a su niño", recuerda la señora Martina Puma.
Indica que el pequeño solo decía que a su papá se lo llevaron unos hombres y lo habían herido en la pierna, que tiene mucha sangre en las manos.
Una media hora después llegó a la casa Eudes Najarro. "Lo consideraba un amigo de mi hijo, venía y tomaban desayuno juntos. Najarro nos dijo que los tres fueron interceptados por un grupo de personas que dijeron ser de la policía antiterrorista (DINCOTE), refiere la señora Martina.
Medina y su hijo, según Najarro, fueron metidos a la fuerza en una camioneta Cherokee y él se salvó porque se agarró fuerte a una reja que había por el lugar y no pudieron lograr que se soltara.
Najarro acompañó a la señora Martina a buscar a Adrían y denunciar su desaparición.
El cuerpo de Adrián fue encontrado al día siguiente de su desaparición en un descampado de Comas. Segun el protocolo de necropsia presentaba impactos de bala en la cabeza, tórax, abdomen, pierna izquierda y el brazo derecho. Su identidad, sin embargo, recién fue conocida una semana después.
Denuncia en la revista 'Sí'
Adrián Medina luchaba por el reconocimiento del sindicato de Etramsa. Por eso, lo habían despedido y entabló juicio al Estado para lograr su reposición. El 10 de mayo la Sala Laboral del Callao ordenó su reincorporación en Etramsa.
Además, junto con otros sindicalistas buscaba unir en una confederación a todos los trabajadores civiles que laboraban para las empresas militares, especialmente Indumil, Sima y Etramsa, lo que no agradaba a los militares.
Casi un año antes de su muerte, el 12 de mayo de 1991, Adrián Medina denunció en la revista "Sí" que temía por su vida y que había sido detenido en dos oportunidades por la Dincote acusándolo falsamente de terrorista y que su casa había sido allanada en cinco oportunidades.
Su hermana Cecilia recuerda que Santiago Martin Rivas estaba en uno de los grupos que en alguna oportunidad allanaron su casa en busca de supuestas pruebas de vinculación terrorista.
El 5 de abril de 1992 se había producido el autogolpe de Alberto Fujimori. Ese hecho es significativo, dice ahora, la fiscalía.
"En el año 1992, fecha en que se produjeron los hechos (el asesinato), el gobierno era el primer y único interesado en la desaparición y eliminación de los dirigentes de los sindicatos de trabajadores presuntamente terroristas de instituciones y empresas vinculadas al Estado", a efectos de ejercer el poder de todos los organismos estatales sin oposición", anota la denuncia del fiscal en el caso Medina.
Se descubre la verdad
Culpable
Santiago Martin Rivas y el destacamento Colina habrían cometido otros asesinatos y desapariciones de personas de los que se conocen hasta ahora.
La muerte de Adrián Medina era hasta ahora uno de los tantos crímenes de la década de los 90 que permanecen sin resolver. Sin embargo, luego que el caso se reabrió el 2002 a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones dieron un cambio radical cuando se descubrió la verdadera identidad de Eudes Najarro.
En los días siguientes y hasta una semana después de la muerte de Adrián, este personaje acompañó a la señora Martina y su hija Cecilia en la búsqueda por hospitales, comisarías y la morgue. También en el sepelio y en las denuncias del asesinato.
El 10 de julio de 1992, Najarro fue interrogado por la Dincote sobre la muerte de Adrián Medina. Repitió la misma historia que le contó a la familia. Afirmó a la policía que estaba desempleado, que era mecánico y que había estudiado mecánica automotriz en el Instituto Gamor.
La familia Medina lo dejó de ver un mes después de la muerte de Adrián y vivían creyendo que también lo habían desaparecido.
La señora Martina recuerda que una tarde llegó y le dijo que venía a recoger a Cecilia porque tenían una reunión con unos amigos.
"Le contesté que mi hija no estaba y se fue. Pero, a unas cuadras, estaba llegando Cecilia. Él no la vio, pero ella sí. Najarro estaba con unos hombres de porte militar con los que subió a dos camionetas oscuras, luego que les dijo que no había encontrado a la joven", refiere Martina Puma.
"Pobrecito seguro que también lo van a matar", recuerda la señora Puma que le dijo a su hija Cecilia, cuando ésta le contó lo que había visto. Najarro no volvió a la casa nunca más.
Por ese incidente, Cecilia Medina pidió a la Fiscalía de la Nación garantías para su vida, porque creía que también vendrían por ella.
Al reanudarse las investigaciones el 2001, la fiscalía descubrió que ese amigo entrañable y testigo clave en la desaparición de Adrián Medina era en verdad un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército SIE, infiltrado en Etramsa y que su misión era entregarlo al grupo Colina.
Justicia
Señora Martina Puma espera que la justicia sancione a los que asesinaron a su hijo.
Para la familia Medina fue una sorpresa enterarse de que estaba vivo y cual era su condición. Al ser interrogado de nuevo por la fiscalía, Najarro reconoció su relación con el Ejército y dijo que fue destacado para trabajar en Etramsa por sus conocimientos de mecánica.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa y el Ejército afirman que nunca hubo un militar destacado entre el personal de Etramsa, en tanto, Gamor dice que no fue alumno de esta institución.
Claves
EJÉRCITO
La Dirección de Inteligencia del Ejército señaló que no existe antecedentes del destaque de Eudes Najarro Gamboa a Etramsa.
DEFENSA
La Secretaría General del Ministerio de Defensa y la Dirección de Personal del Ejército también señalan que Najarro Gamboa no prestó servicios en Indumil (ex Etramsa).
TESTIGOS
La fiscalía ha pedido que se cite a declarar a Raúl Eliseo Parra Mora, Óscar Carrillo Tuesta y Augusto Antoniolli Vásquez, representantes legales y asesor de Etramsa en la época del asesinato de Medina.
Textual
"Mi nieto me ha dado fuerza para seguir luchando. En 1991 perdí a mi esposo y al año siguiente mataron a mi hijo. Es un dolor que no desaparece. Él tenía dos hijos, uno de tres años y otro de seis meses, que he criado y que han sido una ayuda para superar este dolor, ahora espero que se sancione a los responsables".
Martina Puma
Madre de la víctima
Jueces especiales verán denuncia
El fiscal especial para Derechos Humanos Jorge Díaz Pérez formuló la denuncia penal contra el mayor (r) Santiago Martin Rivas y el suboficial EP Eudes Najarro Gamboa por delitos de desaparición forzada y asesinato.
La denuncia se presentó el 7 de marzo último en la mesa de partes de los juzgados anticorrupción, para el trámite respectivo.
Esta es la primera denuncia penal por violación de derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori que la fiscalía presenta al Poder Judicial en los últimos cuatro años.
Jorge Alex Díaz Pérez se hizo cargo de esta fiscalía especializada a fines de enero último, con el objetivo de agilizar las investigaciones sobre violación a los derechos humanos durante el gobierno fujimorista que se encuentran estancadas por las dificultades para buscar la verdad de hechos sucedidos hace tanto tiempo.
Gobierno destinará S/.45 millones para reparaciones colectivas
Más de 400 comunidades serían beneficiadas con reparaciones colectivas.
El Gobierno destinará 45 millones de soles para financiar durante este año reparaciones colectivas en beneficio de 440 comunidades campesinas afectadas por la violencia interna que asoló al país entre 1980 y 2000, informó la Presidencia del Consejo de Ministros.
La decisión fue tomada por una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, presidida por el primer ministro, Jorge del Castillo, y comprenderá destinar unos 45 millones de soles en proyectos de inversión pública por un monto no mayor a los 100 mil soles en cada comunidad.
Según la información gubernamental, cada proyecto "será identificado teniendo en cuenta la opinión y las necesidades de la propia comunidad". Las autoridades de los municipios "deberán garantizar que en la ejecución de las obras se tome preferentemente la mano de obra de la comunidad y, en particular, la de las víctimas de la violencia", según la nota oficial.
Añadió que en los departamentos andinos de Ayacucho y Huánuco se "concentra la mayor cantidad de comunidades rurales que serán intervenidas con recursos" y que en los departamentos de Huancavelica, Junín y Apurímac se encuentra el otro "cuarenta por ciento de las comunidades beneficiarias de este programa".
Las reparaciones también se entregarán a comunidades rurales de los departamentos de Puno, Cuzco, Pasco, San Martín y Ucayali, se informó.
El Programa de Reparaciones Colectivas incluye "actos de desagravio a las comunidades que fueron afectadas por la violencia y un reconocimiento público por parte del Estado respecto del rol que éstas jugaron en la lucha por la pacificación del país".
El Gobierno reconoció "el compromiso de la empresa privada con las reparaciones colectivas" e informó que la minera Antamina ha realizado una primera entrega de 680 mil dólares (2,17 millones de soles) con ese propósito.
Las reparaciones se entregarán como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y "tienen como objetivo recomponer el vínculo social entre Estado y las comunidades que fuera destruido o deteriorado por el proceso de violencia".
El Plan Integral de Reparaciones también comprenderá programas que beneficiarán directamente a las víctimas o sus deudos, que se implementarán conforme se elabore el Registro Único de Víctimas que está a cargo del Consejo de Reparaciones, indicaron las autoridades gubernamentales.
Fuente: EFE
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