Acusan a 14 oficiales del EP
Por el asesinato de 34 pobladores de tres caseríos del Huallaga o Crímenes se cometieron durante la ejecución de operativos contrasubversivos "Cuchara" y "Aries", en 1992 y 1994, señala Ministerio Público.
María Elena Hidalgo.
Catorce oficiales del Ejército, entre ellos varios en actividad, fueron denunciados por la Fiscalía Provincial de Aucayacu, Huánuco, como autores inmediatos de tres matanzas perpetradas en la margen izquierda del río Huallaga, en 1992 y 1994.
Los militares participaron en las operaciones contrasubversivas denominadas "Cuchara" y "Aries", diseñadas para desbaratar a las células del llamado "ejército guerrillero popular" (EGP) de Sendero Luminoso.
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|  Pobladores masacrados durante la "Operación Cuchara" |
De acuerdo con los fundamentos de la denuncia planteada ante el Poder Judicial por el fiscal Marino Evaristo Lorenzo, durante la ejecución de la operación "Cuchara" los militares asesinaron a 11 pobladores del caserío de Bambú, el nueve de marzo de 1992, y a otros 16 del caserío Alto Cuchara, el 19 de marzo del mismo año.
Y durante la operación "Aries", entre el cinco de abril y el 26 de mayo de 1994, los uniformados mataron a diez pobladores de los caseríos de Venenillo, Mohena y Moyuna.
Están identificados
Los 14 efectivos implicados han sido denunciados por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. Las penas no son menores de 15 años de prisión. Todos pertenecían al Batallón Contrasubversivo Nº 313, con sede en Tingo María, y a la División de Fuerzas Especiales (DIFE).
Para la identificación de los efectivos que intervinieron en las masacres perpetradas en los caseríos de Alto Cuchara y Bambú, el fiscal Marino Evaristo partió del testimonio de un ex efectivo del Ejército que participó en ambas acciones.
Uno de los testimonios relevantes que recogió el fiscal pertenece a Joel Cabrera Moreno. Dijo que el 19 de marzo de 1992, cuando escapaba del caserío con sus padres y tres hermanos debido al bombardeo del Ejército, fueron interceptados por una patrulla, pero él logró escabullirse. Tenía ocho años. Al regresar al pueblo, encontró a toda su familia muerta, junto a media docena de tíos y primos. "Enterramos los cadáveres en el mismo lugar, cuando ya se encontraban en descomposición", dijo.
Amalia Tolentino Hipolo relató que el ocho de abril de 1994 estaba con su pareja Jesús Vera Vigilio en la zona del puerto de Moyuna, cuando fue intervenida por una patrulla del Ejército. A Vera lo secuestraron, torturaron, mataron y descuartizaron: encontró el cadáver decapitado y con los dedos cercenados. A ella la violaron varios militares, pero pudo escapar para contar lo que sucedió.
Entre los denunciados por el fiscal Marino Evaristo se encuentran el comandante Jorge González Talledo, quien hasta 2005 fue el jefe del Grupo de Artillería Nº 2, de la Dirección de Educación y Doctrina del Ejército.
También están involucrados los comandantes Luis Marca Silva y Orlando Hermoza Ibáñez, quienes en 2005 fueron condecorados con
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|  Denunciados por la Fiscalía de Aucayacu. |
la Cruz Peruana al Mérito Militar, en el grado de oficial.
El comandante Cromwell Espinoza Sotomayor, "capitán Carlos Esparza", conocido como "Motosierra", relacionado a otras matanzas cuando dirigió la base de Aucayacu, es otro de los implicados en la denuncia del fiscal Marino Evaristo.
Altos mandos implicados
El ex comandante general del Ejército, general Nicolás Hermoza Ríos; el ex jefe del Frente Huallaga, general Eduardo Bellido Mora; y el ex jefe de Inteligencia de la misma repartición militar, general Juan Yepes del Castillo, fueron denunciados como autores mediatos de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, por el fiscal de Aucayacu.
El ex jefe de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), general Luis Pérez Documet, y el ex jefe del Batallón Contrasubversivo Nº 313, comandante Leonel Cabrera Pino, también fueron denunciados como autores mediatos de los mismos delitos. Cabrera fue asesor del candidato presidencial Ollanta Humala, en 2006.
El fiscal Marino Evaristo ha pedido al Poder Judicial que requiera al Ministerio de Defensa la foja de servicios y el legajo personal de cada uno de los denunciados.
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