Víctimas de la violencia
Es necesario prestar atención al informe presentado recientemente por la Defensora del Pueblo Beatriz Merino, titulado "El difícil camino de la reconciliación: justicia y reparación para las víctimas de la violencia". La Defensora presentó este documento en ceremonia pública en Ayacucho, elegido simbólicamente para el acto por ser la región del país de donde son originarias la mayoría de las víctimas que esperan justicia.
La doctora Merino no ocultó las enormes dificultades que enfrenta el proceso de judicialización de las violaciones de DDHH en el Perú. Siguiendo las recomendaciones hechas por la CVR en su Informe Final, hay 29 casos que se encuentran en diversas fiscalías, pero la casi totalidad de ellos no ha llegado a la fase acusatoria, permaneciendo en la fase de investigación preliminar pese a que los plazos legales han vencido.
Entre las causas para esta lamentable situación, la Defensora citó la ausencia de criterios comunes para determinar la competencia de las fiscalías, que son objeto de recursos de impugnación que retardan la culminación de los expedientes. También mencionó la falta de actualización de la base de datos de la Sala Penal Nacional Antiterrorista. Esta Sala ha realizado una buena labor en lo referente al nuevo juzgamiento de acusados y condenados por terrorismo, proceso próximo a culminar, pero debiera poner al día su base de datos.
No todas las noticias relacionadas con DDHH son malas. Queremos desde aquí felicitar a los miembros del TC por haber cedido un local fuera de uso para que sea empleado como sede del Consejo Nacional de Reparaciones, que por fin pudo poner punto final a su peregrinaje por sedes burocráticas para poder sesionar y cuenta desde hace dos días con sede propia, ya inaugurada.
Como se sabe, el gobierno ha destinado la suma de 15 millones de soles como aporte inicial para reparaciones a las víctimas del terrorismo. Los miembros del Consejo, que es presidido por Sofía Macher, trabajan ad honorem y ya se encuentran de lleno en los preparativos para la que será su labor: establecer un listado de víctimas -individuales y colectivas- de la violencia.
Esta lista, para la cual solo se cuenta con estimaciones incompletas a partir de aportes de la CVR y datos del Censo por la Paz que hizo el Mimdes, es imprescindible para poder realizar la tarea de reparar a las víctimas. Hay que recordar que, según cifras de la Defensoría, 76% de los familiares de las víctimas, en su mayoría quechuahablantes, no cuentan con asesoría legal y por tanto no pueden constituirse en parte ni reivindicar sus derechos. Además deben desplazarse a Lima para activar sus procesos. Paradojas de una justicia que no llega.
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