Santiago Fujimori reclama información relacionada con su juicio por corrupción
INTROMISIÓN
Después de que fiscalía pidió para él seis años de prisión por comprar avión presidencial para su hermano, el congresista solicitó a la Corte Suprema documentación de los tribunales anticorrupción o Presidente del PJ responde que se trata de una intromisión.
Gabriela Flores
Unidad de Investigación
El legislador Santiago Fujimori Fujimori, aprovechándose de su investidura y de las prerrogativas de la misma, ha pedido información sensible sobre el sistema judicial anticorrupción en el que precisamente se ventila un proceso en su contra por su participación en la compra ilegal de un avión Boeing 737 para el uso de su hermano el presidente Alberto Fujimori, en 1996.
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El requerimiento de información de Santiago Fujimori no es de ninguna manera casual.
El cinco de octubre Fujimori demandó al presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano, toda la documentación relacionada a la creación de los tribunales anticorrupción. Esto es, algunas semanas después de que el fiscal Mateo Castañeda Segovia solicitara para Santiago Fujimori seis años de prisión y el pago de un millón de soles, como sanción por su intervención en la adquisición de la aeronave a un precio sobrevalorado. El pedido lo hizo el fiscal anticorrupción el 11 de setiembre.
El congresista Santiago Fujimori había prometido que no utilizaría su posición para obtener información relacionada a los procesos judiciales contra su hermano ni el que afronta ante la Quinta Sala Anticorrupción. Los documentos obtenidos por La República demuestra que no cumplió con su palabra empeñada.
La solicitud de documentación por parte de Santiago Fujimori no es una generalidad. En el oficio remitido al presidente de la Corte Suprema, el legislador señala con exactitud que necesita información sobre "el origen institucional de los peritos designados por el Poder Judicial que han intervenido en los procesos anticorrupción".
Interés preciso
En el juicio que enfrenta Santiago Fujimori, coincidentemente participaron peritos judiciales que determinaron que el Estado peruano pagó en exceso por la aeronave Boeing 737 que adquirió en Estados Unidos. Y es en función al resultado al peritaje que el Ministerio Público demandó sancionar con prisión a Santiago Fujimori, quien se desempeñó como asesor de su hermano hasta 1996.
Sobre la solicitud del congresista de Alianza por el Futuro (AF), el presidente de la Corte Suprema respondió el 22 de noviembre, rechazando la pretensión de Fujimori porque se trata de una intromisión en el fuero judicial, en particular lo referido a la información sobre los peritos.
Vásquez Vejarano, en comunicación escrita a la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, le pide "se sirva precisar si la información que debe alcanzarse comprende el área jurisdiccional tal como lo reclama el señor congresista Santiago Fujimori, a efectos de que el Supremo Tribunal adopte la decisión que corresponde al pedido del nombrado legislador".
Lo que el titular de la Corte Supremo le estaba diciendo a Cabanillas es que "en los informes solicitados (por Fujimori) figuran asuntos jurisdiccionales", y que por lo tanto no se le puede suministrar la documentación requerida porque sería una violación de la ley.
El miércoles último, el general FAP (r) Enrique Gonzales Vásquez, quien participó en la adquisición del Boeing 737, señaló ante la Quinta Sala Anticorrupción que Santiago Fujimori es el responsable de la operación y que su hermano lo designó para dicha tarea sin ser funcionario público ni tener conocimiento de la materia.
La declaración del ex militar ratifica la denuncia del Ministerio Público, que considera a Santiago Fujimori culpable de colusión.
Antecedente
Unas de las primeras solicitudes que hizo Santiago Fujimori como congresista fue al Ministerio de Justicia y a la Contraloría, sobre la auditoría que se aplicó al contrato a la empresa que elaboró el informe Kroll sobre cuentas de Alberto Fujimori.
Legislador también enfila contra la CVR
El 17 de octubre, el congresista Santiago Fujimori, enemigo declarado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), solicitó a la Contraloría General de la República copias de todas las acciones de control a dicho organismo. No fue la única acción.
El 30 de octubre, el 'hermanísimo' demandó a la Defensoría del Pueblo que le remitiera copias de todos los convenios de cooperación técnica firmados entre la CVR con los organismos internacionales. Es obvio lo que busca Santiago Fujimori con sus pedidos: intentar desacreditar a la CVR.
El ex consejero Carlos Tapia señaló que "resulta sospechoso que justamente sea el señor Fujimori quien pide documentación sobre las instituciones que acopiaron información sobre delitos cometidos por su hermano". Tapia recordó que la información requerida por Fujimori se encuentra en la página web.
Suprimen fiscalía que investigaba masacre en penal El Frontón
Por supuesta necesidad de servicio, desactivan fiscalía de Derechos Humanos.
La Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar desactivó la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que investigaba casos de violaciones de Derechos Humanos, como la matanza de los penales El Frontón y Castro Castro, así como el asesinato de un espía ecuatoriano en los sótanos del SIE.
Según el abogado del IDL, Carlos Rivera, esto es muy preocupante porque no solo se desactiva la mencionada fiscalía sino, además, ordena que todo su personal pase a otra fiscalía, por lo que no se aprovechará sus conocimientos.
Rivera explica que si los casos mencionados son reasignados a otro fiscal, este partirá de cero y lo único que será seguro es que no se haga algo durante buen tiempo.
El abogado anota que "los principales beneficiados con esa decisión son el presidente Alan García, el vicepresidente Luis Giampietri y el ex ministro Agustín Mantilla".
Y finalmente agrega que, para evitar sospechas, la Fiscal de la Nación debería explicar a la opinión pública cuál fue la necesidad del servicio que justifique la desactivación de dicha fiscalía.
Cambios
El mes pasado la Fiscalía de la Nación también removió a la fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, para que pase a otro despacho.
Increíble: juez cierra casos Ayala y Pucayacu
OJOS QUE NO QUIEREN VER o El juez del segundo juzgado penal supraprovincial archivó la denuncia por la desaparición del periodista de La República, Jaime Ayala, y otras 72 víctimas porque no halló evidencias que responsabilicen a los jefes militares o No valoró que la gran cantidad de hechos en tan corto tiempo son un indicio de una política sistemática y generalizada de violaciones a DDHH.
María Elena Castillo.
Un increíble argumento. El juez Omar Pimentel, del segundo juzgado penal supraprovincial, archivó la investigación sobre las denuncias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Huanta entre julio y agosto de 1984, afirmando que no existen "indicios suficientes o elementos de juicio reveladores" que involucren en violaciones a derechos humanos a los militares que estuvieron a cargo de esa provincia.
Con esta afirmación cerró las investigaciones que responsabilizan a efectivos de la Marina por la desaparición del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, y otras 16 víctimas, así como la ejecución extrajudicial de 50 personas cuyos cuerpos desnudos, atados, con huellas de tortura y orificios de bala fueron hallados en dos fosas en Pucayacu. El juez solamente denunció al jefe de la patrulla que asesinó a 6 evangélicos en Callqui el 1 de agosto de 1984. | |  Periodista Jaime Ayala sufrió persecución en Huanta. Fue desaparecido el 2 de agosto de 1984. Sin embargo, para el juez Omar Pimentel no hay los indicios suficientes para investigar a los militares que dirigían la zona. |
Inexplicablemente la resolución judicial asegura que no hay evidencias para investigar a los jefes militares, a pesar de que en el mismo texto enumera a las 73 víctimas, reconoce que fueron afectadas en un período de dos meses por los mismos actores (personal de la Marina) y llevados a la base contrasubversiva de la Marina, ubicada en el estadio de Huanta.
Precisamente estos elementos motivaron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y a la fiscal supraprovincial de Ayacucho para derechos humanos afirmar que se trataba de un patrón sistemático y generalizado de detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Muchos testigos
"Todos sabíamos lo que ocurría en Huanta. Escuchábamos que por las noches los marinos sacaban a la gente de sus casas y los llevaban al estadio. Veíamos que hasta de día llegaban arrastrando a campesinos y los metían al estadio. ¿Cómo va a decir el juez que los jefes no sabían nada?", pregunta indignada Rosa Pallqui, la viuda del periodista de La República Jaime Ayala, desaparecido hace 22 años, tras ingresar a la base de la Marina.
"En la puerta se veían a los familiares preguntando por los detenidos. Incluso, por esos años un fiscal de Lima investigó las
| |  Indignados Rosa Pallqui y su hijo Boris. Durante décadas han exigido justicia y ahora enfrentan una incomprensible decisión judicial. (Foto. Virgilio Grajeda). |
denuncias de desaparecidos y muertos, y se abrió un juicio, que lamentablemente acabó en el juzgado militar", recuerda, sin poder creer que el caso se haya cerrado otra vez.
Sí hay evidencias
El ex secretario ejecutivo de la CVR Javier Ciurlizza Contreras no entiende cómo un juez especializado para ver derechos humanos descarta las evidencias presentadas por la fiscalía y la CVR, y no evalúa las implicancias del dominio del hecho y la cadena de mando, exculpando al entonces jefe del comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, al jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, y al jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco.
"En la CVR fuimos muy cuidadosos antes de pronunciarnos sobre responsabilidades, y al menos en este caso, no nos quedó ninguna duda de que los jefes sabían, permitían y ordenaban las detenciones y ejecuciones extrajudiciales", sostiene.
Explica que la resolución del juez Pimentel es incongruente, porque por un lado exculpa de responsabilidad a los jefes, y por otro, narra la desaparición de numerosas personas, ocurridas en un período corto de tiempo, en una misma instalación militar, así como la muerte de una gran cantidad de personas halladas en Pucayacu y de los evangélicos de Callqui.
"Ninguno de estos hechos pudo ocurrir sin el conocimiento de los jefes militares porque el control era muy estrecho. En este caso se trató de un patrón sistemático y generalizado de detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que no se pudo llevar a
| |  ¿Indicios? Arriba: Pucayacu, donde hubo 50 muertos. Otro caso archivado. Abajo: una escena cotidiana en Huanta, campesinos preguntando por sus familiares detenidos |
cabo sin el conocimiento de los superiores", afirma Ciurlizza.
Las primeras voces han comenzado a alzarse por este caso. Los abogados de las víctimas han anunciado que apelarán la decisión ante la Sala Penal. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha invocado a las autoridades judiciales a realizar una justa y seria investigación. Es la única forma de hacer justicia a las víctimas.
Un poco de sentido común
La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.
Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona.
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