Nuestro país lo sostienen los pobres
Ana María Yáñez(*)
Desde la caída del muro -que simboliza el momento histórico de cambio de paradigma de desarrollo- se incide en la importancia de la iniciativa privada (inversión extranjera y nacional) como el principal motor generador de riqueza, y en el mercado como el mejor asignador de recursos. En este contexto, se debate la eventual futura Ley General de Trabajo (LGT) con una pasión como si de ella dependiera la salvación o el hundimiento del país. Para tener mayor claridad en torno a sus alcances, veamos algunas cifras que confirman una vez más que este país lo sostienen los pobres, que no son precisamente los que tienen voz.
1) Unos pobres alimentan a otros pobres. El Estado peruano destina aproximadamente US$ 200 millones a programas sociales que proveen raciones alimentarias a más de 15,000 organizaciones sociales de base lideradas por mujeres. Estas raciones las distribuye el MIMDES a través de los municipios provinciales que surten a los Comedores Populares, Clubes de Madres y albergues y de los municipios distritales que reciben del MEF las transferencias del Programa Vaso de Leche.
2) Los pobres realizan sus propias obras de infraestructura. La participación no remunerada monetariamente de las comunidades en la ejecución de obras, en las zonas urbanas y rurales, es definitiva para su supervivencia, bienestar y salud. Esta participación es del 44.4% en las zonas urbanas y del 100% en las zonas rurales en el caso del suministro de luz eléctrica; del 68% y del 93% en los servicios de agua y desagüe; del 65% y 90% en infraestructura educativa; y finalmente del 74.1% y 79.2% en infraestructura vial. Es decir, en algunas zonas la totalidad de la ejecución de obras depende solo del aporte comunitario no remunerado de los propios interesados.
3) Los pobres generan sus propias fuentes de trabajo: de una población económicamente activa de 12' 070,072 de personas, la microempresa -que responde a una lógica de autogeneración de empleo- ocupa a 6'352,695 (52.6%), la pequeña empresa a 1' 389,535 (11.5%) y los trabajadores del hogar constituyen un 415,397 (3.4%). De un total de 2'477,284 de microempresas, solo 622,000 están formalizadas y 12,000 de éstas registradas en el Ministerio de Trabajo. La mediana y gran empresa solo genera 591,302 puestos de trabajo, esto es, 8.1% del total de la PEA. Este porcentaje, más la parte del empleo público que se rige por las normas de la actividad privada (o sea parte del 7.8% de la PEA), constituye el único grupo de trabajadores que en este país tiene protección laboral, acceso a la seguridad social y por consiguiente el único segmento laboral sobre el cual recaería la LGT.
4) Los ex pobres que migraron sostienen a los pobres que se quedaron. Los peruanos que han migrado al extranjero han remitido a sus familiares en el Perú durante el año 2005 nada menos que la exorbitante suma de US$ 2,495 millones, aproximadamente un quinto del Producto Bruto Interno y casi el doble de lo que remitieron en el año 2003. Los peruanos se colocan así en el tercer puesto del ranking de remitentes de remesas del exterior a nivel de América del Sur (después de Brasil y Colombia), con un dinamismo y un grado de crecimiento que ya quisieran otros agentes económicos nacionales. El impacto de estas remesas y su efecto multiplicador en diversos sectores productivos se ha diversificado en los últimos años pasando de ser una inversión destinada principal o únicamente a bienes y consumos domésticos, a la construcción de vivienda o a iniciativas empresariales que potencian aún más su impacto económico.
Dentro de los pobres, las mujeres tienen un lugar destacado. Asumen la reproducción de la fuerza de trabajo repartiendo alimentos a un total de 5'538,394 beneficiarios o sosteniendo su salud a través de campañas como las de vacunación. Su aporte a la economía monetarizada también es significativo. El flujo de remesas del exterior viene creciendo en parte debido al proceso de feminización de la migración transnacional contemporánea y en el mundo de las finanzas son las que inauguran la historia crediticia de sus unidades familiares a través de los más de 100,000 microcréditos que reciben anualmente de las ONGs para penetrar luego en el sistema bancario regulado.
¿Podría un economista hacer cálculos para saber cuánta riqueza tendría que generar la actividad privada para que se incorporen al sector formal los trabajadores de las micro y pequeña empresas (que son el 75% de la PEA), remunerar la mano de obra gratuita de las mujeres y de las comunidades y, finalmente, reemplazar mediante ingresos generados por el trabajo propio la riqueza proveniente de los migrantes del exterior? Sería interesante conocer de la pluma de un experto si una LGT flexible -como la que demanda el sector empresarial- puede contribuir a cambiar este esquema de desarrollo autogestionario-informal, cómo y en qué plazos.
(*) Integrante del Consejo del Trabajo.
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