Mañana, la 3º Sala Penal de Reos Libres de Lima podría aplicar el inconstitucional Decreto Legislativo 982, que otorga impunidad a los efectivos de los Fuerzas Armadas que causen muertes y hieran a personas indefensas, de aceptar el pedido de archivamiento en el proceso abierto contra más de 70 policías y militares por la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano y decenas de heridos, en el año 2003.
Para la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, Katya Pinedo, ampararse en el Decreto Legislativo 982 para pedir el archivamiento de este caso representa la impunidad de la que quieren gozar las Fuerzas Armadas. "De esta manera, amparándose en este decreto, pueden matar, herir sin ser sancionados", sostuvo.
Ayer, 30 de julio, se inició el juicio oral, y abogados de los militares y policías procesados pidieron excepciones de naturaleza de acción y sobreseimiento de la causa, invocando para ello el Decreto Legislativo 982. En base a éste, argumentaron que los policías y militares actuaron en cumplimiento de su deber y por ende son inimputables. Por ello, solicitaron el archivamiento del caso.
El uso del cuestionable decreto legislativo ya habría sido utilizado en otro proceso. En tal sentido, la abogada de la Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, Trinidad Carlos Serna, quien viene asumiendo la defensa de los agraviados, señaló: "Me preocupa que la defensa de los militares procesados haya mencionado que el Decreto Legislativo 982 ya ha sido aplicado en el caso de los heridos producidos en Barranca, el 28 de mayo de 2003".
De otro lado, Wilder Mendoza Fonseca, uno de los estudiantes que resultó herido en el 2003, señaló que de archivarse el caso, Puno entero estaría indignado por la actuación del Poder Judicial y del Estado, distanciándose aún más de la población y las Fuerzas Armadas. "¿Si estos delitos no son violaciones de derechos humanos, entonces qué son?", señaló.
Como se recuerda, el 29 de mayo de 2003, se decretó Estado de Emergencia en Puno. Cuando los estudiantes se encontraban en los alrededores de la universidad, efectivos de la Policía, Ejército y Marina abrieron fuego indiscriminadamente. Como consecuencia murió el universitario Edy Quilca Cruz y decenas de estudiantes y transeúntes resultaron heridos gravemente.
APRODEH reitera su rechazo a la vigencia de este decreto legislativo y recuerda que junto con otras organizaciones como CCP, CGTP, CONACAMI, entre otros han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto ante el Tribunal Constitucional por violar los derechos humanos a la vida, la integridad física entre otros derechos y atentar contra los principios constitucionales.
Lima, 31 de julio de 2008
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