El Perú, trabas en Derechos Humanos y la posición de la CIDH
	Por: Giancarlo Zamudio Torres

Ideeleradio.- El debate sobre la pena de muerte, la Ley contra las Organizaciones No Gubernamentales, su disconformidad ante el fallo de la Corte Interamericana por la matanza en el penal Castro Castro, el caso El Frontón, la falta de preocupación por implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, el intento de reabrir el penal de Challapalca, entre otros temas, han marcado el transcurso del gobierno aprista en su afán de mostrar una actitud objetable ante los temas ligados a la defensa de los derechos humanos.

Ante esta situación, diversos cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional han surgido ante la poca voluntad del Estado por recoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

David Lovatón, Coordinador de Proyectos del Instituto de Defensa Legal (IDL) afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha mostrado su preocupación ante la propuesta del representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Antero Flores Aráoz, de promover la reducción de las demandas que se presenten en contra del Estado Peruano ante este organismo internacional. Por otro lado, ratificó que también existe una seria preocupación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ante la denominada Ley contra las ONGs.

"Esa es una propuesta que no ha sido bien recibida en el Sistema Interamericano, porque supone un desconocimiento total en relación al carácter de los casos de derechos humanos que son imprescriptibles, por tanto, mal se haría en trasladar la lógica del derecho administrativo al derecho internacional de los derechos humanos. Contrariamente a lo que se ha dicho en el Perú, que la Comisión Interamericana siempre acepta

los casos contra el Perú; por información y estadística de la propia comisión, de todos los casos que les llegan sólo alrededor del veinte por ciento de las peticiones son tramitadas, admitidas y finalmente tienen el derrotero que todos conocemos", aseguró.

Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó esta versión y aclaró no es posible la reducción significativa de las demandas presentadas en contra del Estado peruano ante la CIDH, tal como lo señaló hace unos días el embajador Flores-Aráoz. Asimismo sostuvo que existe gran preocupación en esta instancia internacional ante la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y aseguró que se vigilará de cerca este caso, para que no se afecte el trabajo de las ONGs.

"La Ley en términos generales tiene ciertos aspectos que pueden ser de preocupación si se llevan a la práctica y se comienza a limitar o controlar el trabajo que realizan los organismos de derechos humanos y eso es lo que la Comisión está viendo y está recibiendo información por parte de la sociedad civil y por parte del Estado. La Comisión va a continuar estando muy atenta para asegurarse que la

aplicación de esta Ley (APCI) no impida el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, que consideramos ha sido excelente. La Comisión tiene el año pasado más de 300 denuncias recibidas del Perú y en algunas circunstancias como lo planteó el embajador (Ántero Flores Araóz), que los casos se cierren debido a que no ha habido movimiento en el caso por un tiempo, eso de acuerdo a la regulación actual no es posible", dijo.

Pero para Luis Salgado, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante la Corte Interamericana, no se ha violado ningún derecho constitucional, tras la modificación de la Ley de APCI. En otro momento Salgado afirmó que durante la última reunión de trabajo de esta instancia en Washigton, se ha ratificado el compromiso del Estado peruano de no retirarse de la Corte de San José, pero sí se reconoció que existe lentitud en el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hecho que argumentó se está tratando de corregir.

"Desde el punto de vista del Estado, no hay ningún tipo de violación a ningún derecho constitucional. Lo que hemos sostenido es que cualquier Estado tiene el derecho de saber, que es lo que se hace con el dinero que deja de cobrar por concepto de impuestos y exoneraciones. Es una cuestión de transparencia, lo que es distinto a denunciar que se está gestando un clima de persecuciones o de amenazas a los derechos

humanos. En ningún momento ha habido amenaza de retirase de la Corte de San José, se ha ratificado por supuesto nuestro mantenimiento dentro del Sistema Interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte de San José y obviamente el de la Comisión Interamericana", refirió.

Según la Cancillería el Perú tiene 1,262 denuncias y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales 1,029 se encuentran en pleno estudio y fueron presentados entre los años 1998 y 2006. Entre estos y otros temas resaltan además la posibilidad de reabrir el penal de Challapalca en Tacna, situación que atentaría directamente con la integridad de los reclusos.

En este sentido, Eduardo Vega, defensor adjunto en temas de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, rechazo la falta de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y el intento de reabrir este centro penitenciario. Asimismo mostró su preocupación por la dilación de los procesos judiciales ligados a violaciones de derechos humanos y resaltó que es indispensable que en el país se ponga en marcha el Plan de Reparaciones.

"En el fondo los cuestionamientos al penal de Challapalca, no son sólo de índole de infraestructura, sino tienen que ver con su concepción misma y se convierte por lo tanto en un penal de mero castigo y de castigo físico. En los informes de la Comisión Interamericana, demuestran que este penal puede mellar la salud de tanto internos como trabajadores. Todavía preocupa las dificultades y la dilación en los

procesos penales por violaciones a los derechos humanos. En el tema de reparaciones señalamos que ha habido avances normativos y lo que queda es poner en marcha el Plan de Reparaciones hacia las víctimas", afirmó.

Para Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Estado no tienen una estrategia en materia de derechos humanos, ni a nivel nacional, ni de cara a la Corte Interamericana, lo cual refleja que el mensaje del gobierno respecto a este tema, es negativo, represivo, de retroceso y se enmarca en el desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

"Digamos el mensaje que vienen dando el gobierno hacia el tema de derechos humanos es bastante negativo, hay toda una dinámica regresiva. El Perú no tiene una estrategia en materia de derechos humanos, de cara a la Comisión Interamericana de la Corte, la única estrategia es típica de la época de Alberto Fujimori, es decir, negar, negar y negar. Necesitamos una estrategia de cumplimiento de nuestras

obligaciones internacionales. A lo que debe avocarse el gobierno es a tener un plan en materia de derechos humanos y no ha tratarlos como si fuera la última rueda del coche. Nosotros reconocemos mucho los comunicados que hace Human Right Watch de llamado de atención, para que cesen este tipo de situaciones en nuestro país", aclaró.

Tanto la organización Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos internacionales, han mostrado su preocupación por la situación peruana en este ámbito, pues el Estado peruano es uno de los países con más demandas ante el sistema interamericano, situación que está en manos del gobierno poder revertir, vía la realización de políticas claras de respeto a los derechos humanos.



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