En febrero de este año, un reducido grupo que había participado en Quito del II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana y retornaba al Perú por vía terrestre fue detenido en Tumbes (quienes lo hicieron por vía aérea no lo fueron) y enviado a prisión, bajo acusación de terrorismo. El encuentro contó con la asistencia de 800 delegados de 21 países, los cuales retornaron sin problemas a sus lugares de origen. Solo en el Perú se produjeron detenciones.
Entre los detenidos se contaron seis mujeres: Armida Valladares, Guadalupe Hilario, María Gabriel Segura, Melissa Patiño, Carmen Azparrent y Damaris Velasco, esposa esta última de Roque Gonzales, único varón en el grupo. Casi de inmediato surgió una gran campaña de solidaridad, la misma que logró -tras más de dos meses de esfuerzos- la liberación con comparecencia de la poeta Melissa Patiño y luego de sus compañeras de detención. No se les pudo probar ninguna participación en actividades terroristas.
Pero al caso de Roque Gonzales se le dio un tratamiento diferente. Como explicación se adujo que se trataba de un ex MRTA, el mismo que había purgado nueve años de prisión por causa de su militancia en aquel grupo subversivo y que por pertenecer a la Coordinadora Continental Bolivariana se hacía automáticamente sospechoso de actividades subversivas, pese a sus declaraciones afirmando que aquella etapa quedó atrás.
La jueza que ve su caso no le creyó, y ordenó que se le investigue a fondo. Los plazos para ese escudriñamiento sobre su vida ya se cumplieron, e igual no han conducido a ninguna evidencia que demuestre que Roque Gonzales ha vuelto a las andadas; y lo mismo ocurre con su ligazón con la Coordinadora Continental y el Congreso objetado, pues se trató de una actividad legal, abierta y pública sin peligro alguno para la gobernabilidad de un régimen democrático, o que presume de tal.
Pese a ello, Roque Gonzales sigue preso, cinco meses después de ser capturado, acusado de inexistentes lazos con el difunto MRTA y de mantener intenciones "desestabilizadoras" en nuestro país. Argumentos traídos de los pelos como que "Raúl Reyes" envió un saludo a la reunión o que se puso en contacto con representantes de las FARC -algo no probado- han bastado para mantenerlo entre rejas.
Esta situación no puede continuar, al menos no mientras pretendamos seguir considerando que somos una democracia. Si esto es verdad, entonces la jueza del caso debe otorgar a Gonzales el mismo derecho de comparecencia que ha dado a lo restante del grupo. En La República estamos muy lejos de las posiciones de Gonzales y lo hemos dicho por años en todos los tonos. Pero si no hay pruebas contra él debe ser liberado. No existe ninguna norma que autorice la detención por ideas en el Perú.
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