Carlos Rivera Paz (*)
Desde hace algunos meses estamos siendo testigos de un clima de intolerancia que proviene desde las más encumbradas esferas del poder político. El anuncio del Jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de someter al Instituto de Defensa Legal a una "fiscalización integral" en las siguientes semanas es la última perla de este rosario. ¿Por qué razón la APCI anuncia esta tercera fiscalización al IDL en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de la República? Muy simple. Porque el congresista y vicepresidente de la República, el almirante (r) Giampietri, lo solicita.
¿Y por qué el congresista Giampietri solicita se fiscalice a una ONG? Muy simple. Porque esta ONG que es el IDL es la institución que patrocina a una familia cuyo hijo y sobrino fueron victimados en la matanza de El Frontón (1986), hecho en el que el almirante se encuentra directamente vinculado. Además, si bien hay un proceso judicial abierto hace 3 años y pronto debería darse inicio al juicio oral y público el IDL ha solicitado al TC anule una resolución que dice que el crimen ha prescrito, porque es indudable que estamos ante un crimen de lesa humanidad. Ante esto, cual resorte, han decidido reaccionar y utilizar a la APCI como un instrumento de fiscalización, ante el curioso argumento de que "parece que el IDL tiene más plata que la que declara". Suponemos que en la década pasada Montesinos y Fujimori hubieran estado en problemas con estos fiscalizadores.
Pero vale la pena preguntarse, ¿así funciona un Estado democrático? ¿ese es el concepto de fiscalización de un estado de derecho? Definitivamente no. El IDL nunca se ha opuesto a las anteriores fiscalizaciones porque sus acciones y cuentas están muy claras, pero esto no es otra cosa que una persecución política, en la cual haciendo un uso abusivo del poder se instrumentaliza a las instituciones que dependen del Ejecutivo con el único objetivo de castigar a quien impulsa una investigación judicial independiente sobre una grave violación a los DDHH y a quien desde la sociedad civil ha impulsado diversos mecanismos de supervisión de las acciones del poder.
No es ninguna buena señal para el país que las instituciones públicas sean sometidas a intereses particulares y que sean el instrumento de actos abusivos de quien está en el poder. No es ninguna buena señal para el país que el vicepresidente de la República desarrolle actos de defensa de quien en los años 90 fue el jefe de una organización dedicada a cometer de manera sistemática delitos de corrupción y que está a punto de ser condenado por crímenes contra los DDHH.
Algo muy crítico está sucediendo en el Perú. Si ayer han sido las furiosas críticas a la Comisión de la Verdad, la intolerancia ante la pregunta incómoda del periodismo, la oposición a los procesos judiciales por violaciones a los DDHH, hoy pareciera que se quiere dar inicio a la persecución. No lo debemos permitir.
(*) Instituto de Defensa Legal
<<< Volver
|
