Jue, 29/07/2010 - 20:53
Su protesta e indignación por la ausencia de aspectos referidos a los derechos de las mujeres peruanas en el discurso del presidente Alan García Pérez, expresó la institución DEMUS, que a la vez lamentó la escasa importancia que el actual gobierno ha mostrado por la situación de la mitad de su población.
La institución feminista indicó que hablar de los problemas y demandas de las mujeres es hablar de políticas públicas, cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales, y ejercicio autónomo de los poderes del Estado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.
Tras analizar lo que fue el último discurso presidencial, DEMUS criticó que aspectos álgidos de la realidad nacional que comprometen la salud física y mental, acceso a justicia y reparación, bienestar y seguridad de las ciudadanas peruanas hayan sido parte de la agenda excluida del primer mandatario.
La organización se refirió a la situación del aborto, práctica a la que recurren alrededor de 350 mil mujeres cada año en forma clandestina, la gran mayoría en condiciones de riesgo para su salud y su vida, configurando la tercera causa de mortalidad materna. "Aun así, el presidente García no hizo ninguna referencia a iniciativas a tomar por su gobierno pese a que el Comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW ha exhortado al estado peruano a revisar la legislación punitiva del aborto".
DEMUS deploró la omisión respecto del protocolo de aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924, y que el ministro de Salud Oscar Ugarte se comprometió públicamente a emitir. Con ello, además, el estado incumple lo dispuesto por el dictamen de la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación al caso de K.L adolescente a quien se negó el acceso al aborto legal.
Consideró igualmente que el actual régimen evidencia la escasa importancia que le otorga a la integridad y vida de las mujeres, pues hasta ahora no garantiza la debida diligencia en la actuación estatal frente a la violencia por razones de género, a tal punto que los casos de feminicidio suman ya 64 a la tercera semana de julio según el Observatorio de Medios de DEMUS. Pese a ello, el presidente García no tocó el tema.
"Nos preocupa además la posible alianza por la impunidad entre el partido de gobierno y la bancada fujimorista, de la que la actual composición de la mesa directiva del Congreso es una muestra , pues el jefe de Estado calló por completo sobre el archivo de la investigación en torno a las esterilizaciones forzadas y la lentitud en los procesos de violencia sexual en el conflicto armado interno", expreso DEMUS.
Si bien la institución consideró positivas las obras enumeradas por el presidente García cuestionó las debilidades persistentes en su política redistributiva que excluye del goce pleno de sus derechos a más de una tercera parte de la población, siendo las mujeres las menos favorecidas por la discriminación de género, raza, clase y orientación sexual.
Revisarán procesos a más de 700 militares
Presidente de dicha instancia, Carlos Mesa Angosto, asegura que no habrá impunidad.
En agosto o, a más tardar, en setiembre, el Tribunal Supremo Policial-Militar comenzará a revisar los expedientes de más de 700 militares procesados en el fuero civil por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Según anunció ayer el presidente de dicha instancia, Carlos Mesa Angosto, esto será posible gracias a las modificaciones que se realizarán al Código de Justicia Militar, al amparo de un fallo del Tribunal Constitucional.
En diálogo con Perú.21, Mesa aseguró que con la medida se busca evitar injusticias en aquellos casos que fueron indebidamente considerados como de lesa humanidad, figura que, aseguró, debe ser aplicada recién desde el año 2003. "En teoría, se estaría pidiendo que estos casos pasen al fuero militar (...) En principio, nos entregarían todo y nosotros evaluaríamos, y todo lo que sea de lesa humanidad sería devuelto", explicó.
Mesa también negó que la revisión signifique "impunidad" y acusó a algunas organizaciones no gubernamentales de asustar a la población. "Dicen que queremos soltar al grupo (Colina), pero eso no tiene nada que ver", subrayó.
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