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COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LIMA
Lima, Perú, 01 Septiembre 2008
A cinco años de presentada el IFCVR al Estado peruano, las organizaciones de victimas y afectados por la violencia política nos dirigimos a la opinión pública para dar a conocer la falta de interés y compromiso político del gobierno aprista con respecto a las victimas y afectados derivados de la guerra interna de los años 1980 a 2000.
Las organizaciones de víctimas y afectados del Perú entendemos que los temas de Reparación y justicia en nuestro país y en cualquier otro país donde se dio una guerra son un proceso, pero cuando vemos que el Estado peruano no procura en lo mínimo acercarnos a la justicia, le recordamos a los gobernantes de turno que está pendiente "una deuda muy grande por todos los daños que nos han causado". Por lo tanto la reparación y la justicia son una obligación y un deber del Estado peruano. Por ello: le corresponde diseñar e implementar una política nacional de reparaciones ahora.
La política de reparaciones iniciada por el estado tiene como principales ejes: un Marco Normativo que se sustenta en la Ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones y su reglamento y una institucionalidad del proceso que descansa sobre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y el Consejo de reparaciones, así como en las Comisiones creadas por los gobiernos regionales en las zonas mas afectadas por la guerra interna. Así se publico la ley 28592 que aprueba el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para la victimas de la Violencia, estableciendo los programas que conforman el PIR y define los conceptos de victimas y beneficiarios. A su vez fortaleció la labor institucional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creó el Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Victimas.
Sin embargo uno de los aspectos mas controversiales de esta norma fue y sigue siendo el (art.4 de la Ley y art. 52 del reglamento) trata de la exclusión de la calidad de victimas y por ende de beneficiarios, a las personas miembros de las organizaciones subversivas. esto implica un retroceso con respecto a lo previsto en el Informe Final de la CVR, donde se establecía la exclusión solo para los que resultaran heridos, lesionados o muertos como consecuencia directa de enfrentamientos armados, salvo que la afectación se haya realizado en violación de sus derechos humanos. Esto implica la exclusión de personas por razón de sus ideas, que mas allá de su comportamiento pudieron haber sido víctimas de graves violaciones de sus derechos, sobre todo en situaciones de detención y reclusión penal. Específicamente los casos de violaciones sexuales a mujeres y también hombres detenidos para condenarlos a vivir humillados. No necesitamos oír los gritos de dolor, claro está que durante la guerra fue una práctica las humillaciones que infringieron a todos los detenidos no solo a los militantes de los grupos subversivos sino a todos nuestros seres queridos que fueron detenidos, torturados y luego desaparecidos. No olvidemos que todos fueron acusados de terroristas, o colaboradores de los terroristas y pasaron por todas estas humillaciones y vejámenes antes de morir y ser desaparecidos. Por ello rechazamos este artículo 4 de la Ley del PIR y exigimos su modificatoria. Las organizaciones de familiares defendemos los derechos de las víctimas de todos y todas sin excepción, condenamos a los asesinos, criminales venga de donde venga y por ese mismo hecho tampoco permitimos EXCLUSIONES a las víctimas por razón de sus ideas.
Nuestras demandas:
EN EL PROCESO DE REPARACIONES:
Las víctimas y organizaciones de familiares, entendemos por reparación, "Que la reparación es un derecho por el daño causado" y es deber y obligación del Estado peruano diseñar e implementar una Política Nacional integral de reparaciones, quiere decir que las reparaciones tienen que ser implementadas en todos sus componentes. Si bien el Estado peruano a través del gobierno aprista viene presentándonos con bombos y platillos que hasta la fecha han reparado colectivamente a 440 comunidades y que este año 2008 tienen programado reparar a 470 comunidades más, saludamos ello, entendiendo que nuestras comunidades más alejadas donde se dio la violencia política, aquellos hermanos y hermanas quechua hablantes son la prioridad. Pero cuando vemos graves hechos como de los 100 mil soles entregados como Reparación Colectiva a una comunidad para la construcción de un local, ésta no justifica los 100 mil, sino arroja un costo aproximado de 30,000 nuevos soles, oh, cuando nos informan nuestros hermanos que las Reparaciones Colectivas son casi desconocidas por las autoridades y que las comunidades no se sienten reparadas, nos preguntamos ¿Qué pasó con los 70 mil soles?, ¿Quienes vigilan este proceso?, ¿Están capacitados los Comités de gestión, el grupo de la propia comunidad encargada de formular los proyectos, ejecutarlos y vigilar el gasto publico? Por lo que, cuestionamos éstas serias deficiencias e irregularidades y planteamos al CMAN, ente encargada de las reparaciones colectivas:
-Mejorar el proceso de fiscalización en las reparaciones colectivas.
-Capacitar a los funcionarios municipales y a los integrantes de las comunidades que vigilarán el proceso.
-Formular proyectos viables y sobre todo útiles a la comunidad afectada por la violencia política.
-Que en los comités de gestión incluyan mayor presencia de mujeres, ya que hay una presencia limitada de nuestras hermanas del campo.
-La inclusión de la sociedad Civil en la vigilancia del proceso.
-La inmediata inclusión de representantes de afectados por la violencia política en el proceso de reparaciones Colectivas, ya que es la única forma de garantizar la vigilancia en el proceso.
REPARACIONES INDIVIDUALES
-Respecto a las reparaciones individuales, siendo la reparación, una reparación individual e integral el Estado no puede detenerse únicamente en las reparaciones colectivas, tiene que ser puesta en marcha una reparación individual e integral, toda vez que individualmente fueron torturados, encarcelados, asesinados y desaparecidos nuestros seres queridos, existieron con nombres y apellidos y los desplazados existimos con nombres y apellidos es obligación del Estado dar celeridad a las reparaciones individuales e integrales en todos sus componentes, desde las reparaciones económicas individuales hasta las reparaciones en Salud, Salud Mental, Restitución de de Derechos ciudadanos, vivienda, reparaciones simbólicas, Educación, etc.
Esta última (educación) que tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, les ilustramos a las autoridades que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, por lo tanto son tantos años de espera, nuestros jóvenes están dejando de ser jóvenes y la reparación en educación no llega, estamos excluidos del acceso a este derecho mientras que existe una ley que otorgan beneficios educativos a los hijos de los funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas, policiales y de integrantes de Comités de autodefensa, pedimos:
Que la ley 27277 Ley que otorga beneficios en educación se haga extensiva a todas las víctimas que tenemos igual derecho de reparación.
Así mismo denunciamos, el retroceso a la modificatoria del Art. 18 del Reglamento (D S: 003-2008-JUS, 21 de enero de 2008) el cual limita el acceso a la reparación en Educación a los hijos e hijas de las victimas directas e indirectas de la guerra interna. Aduciendo que "si sumaran 1millon de estudiantes hijos de las víctimas seria imposible reparar", y nosotros le respondemos a los representantes del Estado que ésta no es nuestra responsabilidad, nosotros no lo buscamos, no lo generamos ésta guerra que tanto daño nos causó y menos nuestros hijos, así nuestros estudiantes llegaran a sumar 5 millones tienen que ser atendidos y no excluidos. Pero para tranquilidad de los representantes del Estado, y de nuestro país y los estudiantes de nuestro país que no sufrieron los embates de la guerra y por que no solo pensamos en nosotros, les decimos: Que nuestros hijos estudiantes no suman ni 2000, y esta cifra es exagerado aún, saben ¿Por qué, amigos? porque durante la guerra, por el desplazamiento forzado salimos de nuestros lugares de origen dejando todo, sin partidas de nacimiento, sin actas o certificados de estudios, quedando así la gran mayoría de nuestros hijos sin estudiar y por ello con energía exigimos: Que los pocos que quedan en edad de continuar sus estudios superiores no sean excluidos sino incorporados en la Ley mencionada.
Así mismo seguimos exigiendo al estado peruano que de una vez por todas se implemente con medicamentos y una atención integral en salud para las victimas y familiares derivados de la guerra interna.
El tema de vivienda, es otra tragedia en nuestras familias, pedimos al Estado peruano iniciar la construcción de viviendas para las víctimas de la guerra interna, facilitación y acceso al programa mi vivienda, Techo propio y otros programas, la celeridad en el cumplimiento de compromisos asumidos para los casos derivados de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, D.S.Nº 005 - MINJUS y el cumplimiento del D.S.002-MINJUS referente a Vivienda
Dentro de las reparaciones individuales está pendiente aún el cumplimiento de Sentencias dadas por la Corte Interamericana para los casos Cantuta, Pacchahualla y otros. Exigimos el cumplimiento de los mismos, ahora que el Presidente de la República nos habla de que el Perú tiene mucho dinero.
En cuanto a la RESTITUCION DE DERECHOS CIUDADANOS.- si bien tenemos la Ley que crea la figura de ausencia por desaparición forzada durante los años de guerra interna, aún está pendiente el caso de los requisitoriados, antecedentes penal y policial, indocumentados, etc.
En cuanto al Registro Único de Victimas.- pedimos que se descentralice y se crea condiciones para el funcionamiento de un equipo registrador en las regiones donde se dio la violencia política.
Pero también queremos hacer notar nuestra preocupación por la falta de voluntad política del Ministerio de Defensa para el traslado de sus registros de víctimas al Consejo de reparaciones, que se están quedando sin entrar al registro nacional, de continuar así verían violados sus derechos a la reparación y al trato igual ante la ley. Sin poder acceder a los beneficios establecidos en el marco de la Ley del PIR.
Por otro lado las Organizaciones de familiares denunciamos la dispersión en las reparaciones.-diferentes entidades vienen ejecutando beneficios a favor de las víctimas fuera del marco de lo establecido en la Ley Nº 28592, como son programas sociales (FONCODES, Dirección de Salud en materia de programas de salud mental y la dirección de Educación para la inserción en la cultura de Paz en la curricula escolar).Estas entidades vienen manejando sus programas de reparación sin la coordinación con la CMAN, lo que dificulta que las organizaciones de familiares y victimas tengamos la información completa acerca de los beneficios a los que podemos acceder en las regiones. La dispersión en las acciones emprendidas desde el poder ejecutivo y sus sectores, así como desde los gobiernos regionales, muestra claramente la ausencia de una verdadera coordinación y concertación de criterios y esfuerzos en materia de reparaciones.
Planteamos que la CMAN para cumplir con sus funciones de ordenadora y orientadora de las acciones de reparación, establezca coordinaciones con todas las instancias, desde el Poder Ejecutivo, así como con los gobiernos regionales, provinciales, distritales, a fin de garantizar y dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el PIR, e iniciar de una vez por todas con las reparaciones individuales puesto que hay 10 mil victimas registradas esperando reparación individual e integral y no siga mas postergando nuestros derechos.
NUESTRA DEMANDA EN EL TEMA DE JUSTICIA
Los familiares y víctimas derivados de la guerra interna, vemos con mucho dolor y preocupación la ausencia del tema de derechos humanos en la agenda política y en particular, el proceso de judicialización (el Presidente de la Republica no hizo mención alguna en sus dos últimos mensajes a la nación: 2006 - 2007) respecto a los derechos humanos. Muy por el contrario promovió la Pena de muerte que felizmente no tuvo mayor trascendencia, .Además promovió alianzas políticas a favor de la impunidad, desató una campaña siniestra contra los organismos de Derechos Humanos concretamente contra APRODEH, institución que defiende y lleva el caso Cantuta y asume una parte de la defensa de las víctimas derivados de la guerra interna, por último el gobierno aprista promovió la aprobación y la aplicación de la Ley 982 respecto a la Criminalizacion de Protestas Sociales, que a su vez garantiza la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional al considerárseles inimputables cuando hagan uso reglamentario de sus armas, que inmediatamente dio como resultado la muerte de 4 campesinos durante el último paro agrario, la muerte de mineros acribillados de la empresa MARSA entre otros.
Estos hechos son la muestra del escenario político en que transitamos los familiares y victimas de la guerra interna y que no nos favorece para nada.
Nos preocupa grandemente el copamiento de las instituciones públicas del Estado y los entes encargados de administrar justicia por la militancia aprista y fujimorista, creemos que las Instancias que tiene que ver con Justicia deben de ser administrado por profesionales competentes e imparciales
Nos preocupa otra vez el retroceso de los pocos casos que llegan a la Sala Penal Nacional y que por falta de voluntad política se pierda el juicio del caso Matero (asesinato de 4 campesinos de la comunidad de Matero en el año 1992 durante el gobierno de Fujimori) así mismo nos preocupa el archivamiento del caso Frontón responsabilidad del primer gobierno del Doctor Alan Garcìa y del Vicepresidente Gianpietri, y el archivamiento de los casos de los estudiantes: Martín Roca , Hugo Aliaga , caso 9 de Febrero de Ucayali y otros. Entre tanto hay cientos de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las Fiscalías Provinciales Mixtas en investigación preliminar desde hace 20, 25 años esperando justicia, no hay un ente encargado de vigilar y/o supervisar el trabajo de los fiscales, seguimos careciendo además la falta de jueces y fiscales especializados en materia de Derechos Humanos. No sabemos el papel que cumple el Ministerio Público con respecto a las fiscalías.
Por otro lado planteamos la ampliación de la competencia de los tribunales y juzgados supraprovinciales de Lima, que viola los derechos procesales básicos de los familiares de las víctimas, que son las grandes barreras que no nos permiten transitar el camino a la justicia.
Finalmente denunciamos la permanente estigmatización de nuestros compañeros injustamente detenidos, Asociados hoy en la Red Nacional de Inocentes Liberados. Exigimos al Estado peruano, cese la hostilizacion.
También seguimos exigiendo al Estado peruano la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad y la protección de testigos y familiares.
Finalmente nuestro pedido a nuestros hermanos y hermanas de este inmenso territorio, Perú:
No nos ignoren, únanse a la lucha por el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas y todos, comprenden nuestra perseverancia y terca lucha como familiares de víctimas. Nuestra lucha es también para garantizar los derechos de los hijos de ustedes, de los hijos de sus hijos nuestros hijos y nuestros nietos para que tengan una paz justa y sostenible.
A los movimientos por los Derechos Humanos y a los hermanos religiosos, que muchos de ellos perdieron también a los suyos durante la guerra, nuestros agradecimientos, nuestros agradecimientos por acompañarnos y por estar permanentemente cerca de nosotros.
A los familiares no nos demos por vencidos hermanos y hermanas, nuestra lucha a veces es incomprendida pero también gratificante, por que así les decimos a nuestros familiares muertos y desaparecidos que no los hemos olvidado, que ellos viven con nosotros y que no dejaremos impune sus muertes, combatiremos el olvido y la desmemoria.
¡Ni olvido ni perdón, sanción a los culpables!
Atte Doris Caqui
Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Lima.
Firman 15 Organizaciones de Víctimas y Afectados - Bases de la Coordinadora.
Vigilia por sus seres queridos
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